El expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David A. Skeel, catalogó como “una decisión terrible” y “desafortunada” el despido de seis de los siete miembros del organismo por parte de Donald Trump y anticipó que, en su día, los directivos que demandaron al presidente estadounidense prevalecerán en los tribunales.

“Pienso que ha sido una cosa más que ha complicado (conseguir) una solución para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, dijo Skeel.

“Pienso que los miembros de la (JSF) van a ganar si el gobierno (de Estados Unidos) continúa adelante con la demanda luego de las decisiones del Tribunal Supremo (de Estados Unidos o Scotus, en inglés) en el caso de Lisa D. Cook y (Rebecca) Slaughter”, prosiguió el experto en Derecho de Quiebras.

El año pasado, alegadamente a instancias de los bonistas de la AEE, Trump despidió a Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater, Luis A. Ubiñas. Alegó Trump que el organismo no había cumplido con el mandato dado en la ley federal Promesa. Andrew Biggs, un experto en planes de pensiones y también republicano, fue despedido una semana más tarde por criticar la decisión de Trump.

González, Rosa y Biggs demandaron a Trump y la jueza federal para el Distrito de Puerto Rico María Antogiorgi-Jordán les restituyó en sus puestos porque el despido se efectuó sin justa causa.

El gobierno estadounidense puso en pausa el litigio hasta que se resolvieran otros dos despidos por parte de Trump. El alto foro judicial estadounidense falló en contra de Trump en el caso de la gobernadora de la Reserva Federal Cook por destituirle por un supuesto fraude hipotecario, pero sin ofrecerle un debido proceso, mientras favoreció la terminación de empleo de Slaughter, comisionada de Comercio porque la FTC se considera parte del Ejecutivo.

Skeel, quien fue nominado a la JSF, en dos ocasiones, por el prominente senador republicano Mitch McConnell, dijo que en el caso de la Junta Fiscal, González, Rosa y Biggs fueron despedidos sin que se presentara una razón.

“Promesa dice que tiene que haber una causa para removerlos”, agregó Skeel.

Aunque el caso de los directivos de la JSF guarda una relación de hechos parecida al caso de Cook, en los despidos de González, Rosa y Biggs no medió causa alguna.

Además, no queda claro qué facultad tendría el presidente para modificar la composición de la JSF, habida cuenta que según Promesa, se trata de un organismo territorial, que no pertenece al gobierno puertorriqueño, pero tampoco es una entidad federal. La JSF, según el estatuto federal, ni siquiera tiene que responder al Congreso que le creó.

De acuerdo con el académico, si Trump despidiera a los directivos demandantes nuevamente, ese curso de acción solo alargaría el cuadro de incertidumbre, pues estos acudirán nuevamente a los tribunales.

Skeel hizo sus expresiones en un aparte con periodistas luego de presentar formalmente su nuevo libro “Promi$e Land: The Inside Story of the Puerto Rico Debt Crisis” durante un evento coordinado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).

El académico reconoció que la reestructuración de la AEE continúa siendo el principal desafío del organismo. Además, señaló que todavía falta terreno para que se cumplan los criterios que pondrían fin al funcionamiento de la JSF.

“Soy de la opinión de que la (JSF) realmente necesita planificar su salida. Acabamos de celebrar el décimo aniversario de la Junta (Fiscal). No debe haber un 20 aniversario”, sostuvo Skeel.

Considerando que el año fiscal en curso podría ser el primero en prepararse como un presupuesto balanceado, según el método de contabilidad modificada, Skeel sostuvo que la JSF le quedan al menos tres años más de operaciones.