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El gobierno de Puerto Rico ha producido su mejor radiografía financiera en años al registrar el déficit acumulado más bajo desde la aprobación de la ley federal Promesa.
Según el Informe Financiero Anual Consolidado (CAFR, por sus siglas en inglés) publicado en la noche del viernes, 3 de julio, el gobierno cerró el año fiscal 2023 con un déficit acumulado de $42,846 millones. La cifra es aproximadamente 16% menos que el déficit acumulado revisado para el año fiscal 2022.
La mejora en la posición financiera del gobierno, se explica en el informe, es resultado directo de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico bajo los títulos III y VI de la ley federal Promesa, así como de ajustes en las valoraciones actuariales de las pensiones del sector público.
El informe señala, sin embargo, que todavía permanecen en un limbo, el proceso de modifica. Unción de deudas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El CAFR muestra el desempeño de las finanzas públicas divididas en dos grandes partidas: las actividades gubernamentales, es decir las operaciones de las principales agencias del gobierno como educación, seguridad, salud, y otras actividades de tipo “empresarial” como sería la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Al divulgar el informe, la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, destacaron –en un comunicado de prensa- que la publicación del documento “representa un paso importante en los esfuerzos para continuar actualizando el calendario de emisión de los estados financieros del gobierno y fortalecer la rendición de cuentas, la credibilidad institucional y la gestión responsable de las finanzas públicas”.
“La responsabilidad fiscal y la transparencia son pilares de nuestra administración. La emisión de estos estados financieros fortalece la confianza en las instituciones gubernamentales y reafirma nuestro compromiso de mantener información financiera confiable, actualizada y accesible para la ciudadanía, los inversionistas y todos los sectores productivos”, expresó la mandataria.
Según Pantoja Rodríguez, ahora que se ha publicado el CAFR 2023, la agencia se esforzará por publicar la radiografía financiera del gobierno para el año fiscal 2024.
“Ese proceso está prácticamente completado, con la excepción de la auditoría de la AEE”, agregó Pantoja Rodríguez.
El CAFR 2023 se publicó con un atraso de 793 días, considerando que Puerto Rico debe presentar su informe financiero el 1 de mayo, luego del cierre de cada año fiscal.
Si bien en el comunicado de prensa, se ofrecieron algunas cifras acerca de los ingresos y egresos del Fondo General para el año 2023, incluyendo que ese año, los recaudos del fisco superaron por unos $94 millones los gastos del principal fondo del gobierno, el comunicado de prensa no hace referencia específica al déficit acumulado del gobierno y tampoco menciona que el CAFR 2023 no recibió una opinión limpia por parte de la firma de auditores externos KPMG.
La ley federal Promesa en su sección 209 establece que, aparte de cuatro presupuestos balanceados consecutivos preparados bajo el método de contabilidad acumulada, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluirá sus funciones cuando Puerto Rico regrese a los mercados de capital a tasas razonables. Según la JSF, para cumplir con el segundo requisito, el gobierno debe recibir una opinión “limpia”, es decir sin señalamientos, por parte de sus auditores externos.
Dudas con la viabilidad de la UPR y otros fondos
Al examinar las finanzas del gobierno puertorriqueño, KPMG emitió dos opiniones cualificadas.
En el caso del Fondo de Seguro de Desempleo, los auditores externos de dicho fondo no pudieron establecer la condición financiera de este y si fue objeto de fraude.
Mientras, para el 2023, los auditores externos, concluyeron que la posición financiera de la AEE y aquella de la UPR, ofrecen dudas sustanciales de que ambas dependencias puedan continuar operando como entidades viables (going concern).
Al ofrecer su opinión, KPMG descansó en la lectura de los auditores que revisaron los libros de la UPR para el año fiscal 2023.
“Como se establece en el informe de los auditores independientes de la UPR, la UPR depende en gran medida de las asignaciones del Estado Libre Asociado para financiar sus operaciones, presenta una deficiencia de capital neto, su deuda se encuentra bajo un acuerdo de moratoria y ha manifestado que existe una duda sustancial sobre la capacidad de la UPR para continuar como una empresa en marcha”, reza el informe.
El CAFR 2023 es el primer reporte luego de que la JSF completó la reestructuración de la deuda del Gobierno central y otras agencias como la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) en el 2022.
En el año 2016, cuando se aprobó la ley federal Promesa, el déficit acumulado del gobierno rondaba $70,000 millones.
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