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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP)

Washington - La administración de Trump se dispone a resucitar una norma de la era Reagan que prohibiría que las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales discutan sobre el aborto con mujeres o compartan el espacio con proveedores de servicios de aborto.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunciará su propuesta hoy, viernes, dijo ayer un alto funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a confirmar los planes antes del anuncio.

La política ha sido ridiculizada como una "regla de mordaza" por los partidarios de los derechos al aborto y los grupos médicos, y es probable que desencadene demandas que podrían evitar que surta efecto. Sin embargo, está garantizada a galvanizar a activistas de ambos lados del debate sobre el aborto antes de las elecciones legislativas de mitad de periodo.

La regla de la era Reagan prohíbe que las clínicas de planificación familiar discutan sobre el aborto con mujeres. Nunca entró en vigor como está escrita, aunque el Tribunal Supremo dictaminó que era un uso apropiado del poder ejecutivo. La política fue rescindida por el presidente Bill Clinton, y entró en vigencia una nueva norma que requería asesoramiento "no directivo" para incluir una gama de opciones para las mujeres.

De acuerdo con un resumen de la administración Trump, la nueva propuesta revertirá el requisito de Clinton de que el aborto se debata como una opción junto con la atención prenatal y la adopción.

El aborto es un procedimiento médico legal, pero los fondos federales de planificación familiar no pueden utilizarse para pagar los procedimientos de aborto.

Los opositores del aborto dicen que un programa de planificación familiar financiado por los contribuyentes no debería tener conexión con el aborto. Los grupos de doctores y defensores del derecho al aborto dicen que la prohibición de aconsejar a las mujeres transgrede la relación médico-paciente.

"La idea de que retendría información de un paciente no mantiene ni preserva su dignidad", dijo Jessica Marcella, de la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Reproductiva, que representa a las clínicas de planificación familiar. "No puedo imaginar un escenario en el que los grupos de salud pública permitan que este esfuerzo no se cuestione".

Dijo que requerir que las clínicas de planificación familiar estén físicamente separadas de las instalaciones en las que se brinda el aborto interrumpiría los servicios para las mujeres en todo el país.

Pero Kristan Hawkins de Students for Life of America dijo: "El aborto no es atención de la salud o control de la natalidad, ymuchas mujeres desean opciones naturales de atención médica, en lugar de cambios inducidos por hormonas".

Los opositores al aborto alegan que el programa federal de planificación familiar en efecto subsidia de manera cruzada los servicios de aborto provistos por Planned Parenthood, cuyas clínicas también son receptores importantes de subsidios para planificación familiar y atención preventiva básica. El grupo de Hawkins está haciendo circular una petición para instar a los legisladores en el Congreso a apoyar la propuesta de la administración Trump.

Conocido como el Título X, el programa de planificación familiar del país atiende a alrededor de cuatro millones de mujeres al año a través de clínicas, a un costo para los contribuyentes de aproximadamente $260 millones.

Las clínicas de Planned Parenthood también califican para las subvenciones del Título X, pero deben mantener el dinero de planificación familiar por separado de los fondos utilizados para pagar los abortos. El Congreso dirigido por los republicanos ha intentado sin éxito negar los fondos federales a Planned Parenthood, y la administración Trump ha prometido a los conservadores religiosos y sociales que mantendría el esfuerzo.


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