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José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Siete senadores que hacen caucus con los demócratas reclamaron hoy a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas que ordene a la empresa McKinsey – que le asesora-, divulgar sus posibles conflictos de intereses en el proceso de reestructuración de la deuda pública.

En una carta al presidente de la JSF, José Carrión III, los senadores Robert Menéndez (Nueva Jersey), Elizabeth Warren (Massachusetts), Bernie Sanders (Vermont), Debbie Stabenow (Michigan), Richard Blumenthal (Connecticut), Kirsten Gillibrand (Nueva York), y Edward Markey (Massachusetts) pidieron explicaciones sobre las denuncias de que Mckinsey ha tenido clientes con intereses encontrados.

Los legisladores hicieron referencias a informes de que la empresa MIO Partners, subsidiaria de McKinsey – que es la principal empresa asesora de la JSF-, tiene cerca de $20,000 millones en bonos del gobierno de Puerto Rico.

A su vez, indicaron que MIO Partners administra alrededor de $25,000 millones en beneficios de retiro de los trabajadores de McKinsey, además de tener a su cargo tres fondos de cobertura de riesgo.

“Le pedimos, respetuosamente, que ordene a McKinsey divulgar de forma inmediata, como norma, todos sus conflictos en los procedimientos de bancarrota”, afirmaron los senadores en su comunicación a Carrión III.

Los legisladores señalaron que “al no revelar sus conflictos, las prácticas comerciales opacas de McKinsey ensombrecen su imparcialidad al tomar decisiones financieras que impactarán las vidas de todos los puertorriqueños en los próximos años”. 

“Los puertorriqueños merecen algo mejor y la Junta debe recuperar su confianza mediante la implementación de reglas de transparencia durante estos tiempos de dificultad económica”, agregaron los senadores.

Esta semana, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) presentó un proyecto de ley que persigue evitar conflictos de intereses como los que se le imputan a McKinsey.

El senador Menéndez sostuvo que presentará una legislación similar en el Senado, a principios de la próxima sesión del Congreso.

La propuesta de Velázquez obligaría a abogados, contables, consultores, agentes y otros profesionales contratados por la JSF para el proceso de reestructuración de la deuda pública a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de Estados Unidos sus conexiones con deudores, acreedores, la Junta de Supervisión Fiscal y empleados de la Junta, antes de poder ser compensado.

Si la declaración de la empresa consultora no se presenta o el Síndico determina que existe un conflicto de interés, la corte puede ordenar que no se le pague.

La legislación aplicaría a los procesos de reestructuración de la deuda bajo el título III de la ley Promesa, que creó un sistema de bancarrota judicial que está en manos de la jueza Laura Taylor Swain.


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