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Elizabeth Warren es una de las congresistas que suscribe la carta. (AP Photo/Andrew Harnik)

Washington.- Treinta y cuatro demócratas del Congreso —incluidos miembros claves del Caucus Progresista— han pedido a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, revisar su política pública de austeridad, su plan de reestructuración de la deuda y que justifique el uso de su presupuesto.

Entre otros reclamos, los legisladores solicitaron que la JSF no endose la continuación de leyes como la número 22 de 2012 –que permite otorgar privilegios contributivos a inversionistas que viven solo parcialmente en la isla–, y que se exprese a favor de suspender todo pago de deuda mientras las familias puertorriqueñas no estén “en condiciones seguras, y con acceso a electricidad, agua limpia, educación primaria y secundaria, y servicios de salud básicos”.

En una carta que incluye entre los firmantes a los senadores y potenciales aspirantes a la candidatura presidencial, Elizabeth Warren (Massachusetts), Bernie Sanders (Vermont) y Kirsten Gillibrand (Nueva York), el grupo reclamó al presidente de la JSF, José Carrión III, que “clarifique los méritos” del plan fiscal que han certificado, que consideran está basado en medidas de austeridad fiscal.

Progressive Caucus Letter to FOMB by El Nuevo Día on Scribd

“Expertos en economía han advertido que ese acercamiento probablemente exacerbará la caída económica y la pérdida de población que ha afligido a Puerto Rico por más de una década, particularmente a la luz de las necesidades tremendas de la Isla después del huracán”, indica la misiva, con fecha del jueves, y copia de la cual obtuvo El Nuevo Día.

La carta está firmada también por el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, Raúl Grijalva (Arizona), y los puertorriqueños Nydia Velázquez (Nueva York), José Serrano (Nueva York) y Darren Soto (Florida).

Esta semana, Grijalva dijo a El Nuevo Día que quiere suavizar los poderes de la JSF. También indicó al diario The Washington Post que interesa que su comité investigue en 2019 los potenciales conflictos de intereses de la JSF.

“La ley no cerró huecos para evitar conflictos de intereses”, indicó, por su parte, la congresista Velázquez.

Los legisladores demócratas pidieron a Carrión que responda si las actuaciones de la JSF cumplen con el mandato de la ley Promesa, que ordena asegurar el financiamiento de “servicios públicos esenciales”, reestructurar la deuda, establecer un servicio de la deuda que “sea sostenible” y permita “las inversiones necesarias para promover crecimiento económico”.

Como han advertido otros demócratas, la carta también cuestiona que luego del azote de huracán María el 20 de septiembre de 2017, ahora la JSF proyecte que habrán “más fondos disponibles para los acreedores”.

“Estamos preocupados de que el plan de reestructuración de la JSF lejos de buscar agresivamente concesiones de los acreedores de Puerto Rico sobre préstamos que tienen altas tasas de interés, en realidad facilitará un alto nivel de recuperación (de las inversiones) de los acreedores, lo que resultará en niveles de deuda insostenibles”, agregaron los congresistas.

La carta solicita a la JSF que justifique los $1,500 millones que consideran pueden sumar los presupuestos de la JSF entre 2018 y 2023, “particularmente a la luz de los $10,000 millones en recortes que el plan fiscal requiere, durante ese mismo período”, en áreas de educación, cuidado médico, y las pensiones públicas.

“También queremos obtener una respuesta de la JSF sobre cualquier potencial conflicto de intereses, como lazos familiares, profesionales, financieros, y de cabildeo de sus miembros y los potenciales beneficiarios de sus políticas públicas fiscales, como el Banco Popular, el Banco Gubernamental de Fomento y Santander Securities”, precisaron los 34 legisladores demócratas.

Esta semana, Grijalva indicó a El Nuevo Día que como próximo presidente del Comité de Recursos Naturales promoverá suavizar los poderes de la JSF, a través de alguna enmienda a la ley Promesa.

Grijalva está convencido de que los poderes de la JSF deben revisarse para que “haya un mayor respeto” al gobierno electo de la isla.

Aunque el Senado seguirá bajo el control de los republicanos y cualquier intento de enmienda a Promesa será cuesta arriba, Grijalva piensa que habrá ambiente para una nueva discusión sobre el funcionamiento de la Junta, que debe ser renovada el verano próximo.


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