La fiscal general Pam Bondi fue citada el martes para responder a preguntas del Congreso sobre la investigación del Departamento de Justicia sobre el tráfico sexual de Jeffrey Epstein y el manejo por parte de la agencia de millones de archivos relacionados con el financiero caído en desgracia.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental ordenó a Bondi que compareciera para declarar el 14 de abril, tras una votación a principios de este mes que contó con el apoyo de cinco republicanos.

El fracaso del Departamento de Justicia para defenderse de la citación del comité liderado por los republicanos subraya el descontento generalizado entre la propia base del presidente Donald Trump sobre la gestión de Bondi de la revisión y publicación de un trozo de documentos de la investigación criminal sobre Epstein.

“El Comité tiene preguntas sobre la gestión del Departamento de Justicia de la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus asociados y su cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein”, dijo el representante James Comer, presidente republicano, en una carta a Bondi.

“Como Fiscal General, usted es directamente responsable de supervisar la recopilación, revisión y decisiones del Departamento en relación con la divulgación de archivos de conformidad con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein y, por lo tanto, el Comité considera que usted posee una valiosa visión de estos esfuerzos”, escribió.

El departamento calificó el martes la citación de “completamente innecesaria”. Se esperaba que Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche ofrecieran una sesión informativa privada el miércoles a los miembros del comité.

“Se ha invitado a los legisladores a ver por sí mismos los archivos no expurgados en el Departamento de Justicia, y la Fiscal General siempre se ha mostrado disponible para hablar directamente con los miembros del Congreso”, dijo el departamento en un comunicado. La agencia dijo que espera “seguir proporcionando a los responsables políticos los hechos”.

La administración Trump se ha enfrentado a constantes dolores de cabeza políticos desde que comenzó el despliegue de los archivos en diciembre, con críticos que acusan al departamento de ocultar ciertos documentos y redactar archivos en exceso. En otros casos, las víctimas han criticado al departamento por haber omitido información sensible.