Funcionarios federales y estatales retuvieron evidencia de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había acordado reembolsar a Florida algunos de los costos de la construcción de un centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los caimanes”, según grupos ambientalistas que exigen su cierre.

La instalación en el parque nacional de los Everglades permanece abierta, y todavía alberga a detenidos, porque en septiembre un tribunal de apelaciones se basó en argumentos de Florida y del gobierno del presidente Donald Trump de que el estado aún no había solicitado el reembolso federal y, por lo tanto, no estaba obligado a acatar la ley ambiental federal.

Las nuevas pruebas —correos electrónicos y documentos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos— muestran que los funcionarios habían hablado en junio sobre el reembolso federal, y que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirmó en agosto que había recibido una solicitud de subvención presentada por funcionarios estatales. Florida fue notificada a finales de septiembre de que la FEMA había aprobado $608 millones en fondos federales para apoyar la construcción y operación del centro.

“Ahora sabemos que el gobierno federal y el estatal tenían registros que confirmaban que colaboraron estrechamente en esta instalación desde el principio, pero no los dieron a conocer al tribunal de distrito”, señaló Tania Galloni, una de los abogados de los grupos ambientalistas.

Un panel de apelaciones en Atlanta suspendió temporalmente la decisión de un juez de un tribunal inferior que habría cerrado la instalación construida por el estado. Ahora la nueva evidencia debería ser tomada en cuenta mientras los jueces deciden el destino permanente de la instalación, indicaron el miércoles los organismos ambientalistas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity en documentos judiciales.

A mediados de agosto, un juez federal en Miami ordenó que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses, ya que las autoridades no habían realizado una revisión del impacto ambiental que tendría el centro de detención, según la ley federal. Ese juez concluyó que ya se había tomado una decisión de reembolso.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, que encabezó las labores para construir la instalación de los Everglades, no respondió a una consulta por correo electrónico el jueves.

Florida ha liderado a otros estados en la construcción de instalaciones para apoyar la represión migratoria ordenada por Trump. Además de la instalación de los Everglades, que recibió a sus primeros detenidos en julio, el estado ha abierto un centro de detención de inmigrantes en su región nororiental, y sopesa abrir una tercera instalación en su franja noroccidental.

La demanda de los ambientalistas es una de tres impugnaciones en tribunales federales contra la instalación de los Everglades. En las otras, los detenidos indicaron que las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado carecen de autoridad para operar el centro bajo la ley federal. También intentan obtener un fallo que les garantice el acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados.