Washington— Un senador demócrata de Estados Unidos advierte de que la Administración Trump se está preparando para detener a 500 niños inmigrantes en un intento precipitado de expulsarlos del país, eludiendo las protecciones legales. Sería su segundo intento, después de que un tribunal federal interviniera el año pasado en un plan elaborado de la noche a la mañana para trasladar en avión a cientos de niños durante el fin de semana del Día del Trabajo.

El senador Ron Wyden, de Oregón, escribió el miércoles en una carta dirigida a la , que supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encargada de atender a los menores migrantes no acompañados, que disponía de “información fiable” según la cual la Administración Trump tenía una lista de más de 500 menores migrantes a los que se pretendía someter a un proceso de expulsión por vía rápida y que el departamento se apresuraba a actuar en cuestión de días. Advirtió de que la Administración estaba renunciando a “mandatos fundamentales en materia humanitaria y de bienestar infantil” y exigió el cese inmediato de cualquier plan para expulsar a los menores.

Wyden, que es el miembro de mayor rango y el demócrata con más antigüedad de la Comisión de Finanzas del Senado —que tiene competencia sobre la ORR—, no detalló cómo había obtenido esa información. Su oficina se negó a facilitar más detalles. La ORR depende del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, en inglés).

Un portavoz del HHS desmintió que existieran planes de ese tipo.

“La nueva información que he obtenido me lleva a creer que el Departamento está sentando las bases para otra campaña de deportaciones ilegales, esta vez a mayor escala y que abarcará más países de origen”, escribió Wyden.

“Se te ha confiado el cuidado y la seguridad de los menores acogidos en la red de la ORR. Llevar a cabo este plan pone en peligro deliberadamente sus vidas y supone un incumplimiento de tu deber para con estos menores vulnerables”.

Wyden también lanzó una advertencia previa el pasado mes de agosto, antes de lo que acabó siendo un fin de semana caótico marcado por los intentos de la Administración Trump de expulsar a los niños guatemaltecos que tenía a su cargo y enviarlos de vuelta a su país.

La portavoz del HHS, Emily Hilliard, afirmó que “no hay planes de tomar medidas contra estos niños” y calificó las declaraciones de Wyden de “alarmismo irresponsable”.

“La Administración Trump está trabajando para identificar a los padres o tutores legales de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo nuestra tutela, ya que garantizar que cada menor sea acogido por un tutor que haya sido debidamente investigado es nuestra máxima prioridad”, afirmó.

Durante el fin de semana del Día del Trabajo, decenas de niños migrantes —que se encontraban alojados en centros de acogida supervisados por el Gobierno o con familias de acogida— fueron sacados de sus hogares y trasladados en autobús a aeropuertos de Texas con destino a Guatemala. Un juez federal, al que despertaron en plena noche, logró finalmente detener los aviones. Los abogados de los niños —muchos de los cuales habían huido de la violencia en sus países de origen para llegar a Estados Unidos— describieron posteriormente lo traumática que había sido para ellos esa operación de traslado en plena noche.

El Gobierno insistió en que estaba reuniendo a los niños guatemaltecos —a petición de ese país centroamericano— con sus padres o tutores, que solicitaban su regreso. Los abogados de al menos algunos de los niños afirmaron que eso no era cierto y argumentaron que, en cualquier caso, las autoridades habrían tenido que seguir un procedimiento legal que no siguieron.

Los menores migrantes que viajan solos suelen quedar bajo la tutela del Gobierno estadounidense, y existen diversas medidas de protección jurídica destinadas a velar por su bienestar una vez que se encuentran en Estados Unidos y se enfrentan al sistema de inmigración.

La Ley de Reautorización de la Protección a las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 es una de las principales normas legislativas destinadas a protegerlas. Salvo algunas excepciones limitadas, exige que los menores sean acogidos en el “entorno menos restrictivo posible”, lo que generalmente significa que pueden ser entregados a un tutor, como un familiar en Estados Unidos, mientras se tramitan sus procedimientos de inmigración.

Los menores pueden solicitar un estatuto de protección especial si no pueden regresar a su país de origen debido a malos tratos o negligencia, y también pueden solicitar asilo.

Sin embargo, la Administración Trump ha ido dificultando cada vez más que esos menores sean entregados a sus tutores. La Administración afirma que está actuando con la debida diligencia para garantizar que se investigue a fondo a los tutores y que, en el pasado, se entregaba a los menores a situaciones peligrosas.

Sin embargo, los defensores de los derechos de los menores afirman que el resultado ha sido que los niños permanecen durante meses en centros de acogida del Estado.

En esta ocasión, Wyden afirmó que los menores que corren el riesgo de ser expulsados proceden de diversos países —entre los que podrían figurar Guatemala, Honduras, El Salvador y Afganistán— y llevan al menos 180 días bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, principalmente en hogares de acogida. Según él, se ha señalado que no cuentan con ningún «padrino viable» que pueda hacerse cargo de ellos en Estados Unidos.