Washington- El Tribunal Supremo de Estados Unidos sopesaba el miércoles la iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones legales para migrantes que huyen de la guerra y de desastres naturales, al escuchar argumentos en el más reciente caso migratorio que los jueces consideran en el contexto de la amplia ofensiva de la Casa Blanca contra la inmigración.

Varios jueces conservadores parecían inclinarse a favor del argumento del gobierno republicano de que la ley limita lo que los tribunales pueden hacer respecto a un programa Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés). El resultado podría depender de cómo voten el presidente del tribunal, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett.

El gobierno está recurriendo las órdenes de cortes inferiores que impidieron al Departamento de Seguridad Nacional poner fin rápidamente al TPS para ciudadanos de Haití y Siria. Si los jueces le dan la razón al ejecutivo, las autoridades podrían retirar las protecciones a hasta 1.3 millones de personas de 17 países, exponiéndolas a una posible deportación.

La corte ya se ha puesto del lado del gobierno antes y permitió el fin del programa para los venezolanos mientras los procesos judiciales siguen su curso.

El Departamento de Justicia sostiene que el secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de terminar con el TPS y que la forma en que está redactada la ley impide que los jueces cuestionen esa decisión. “‘Sin revisión judicial’ significa sin revisión judicial”, señalaron abogados federales en documentos presentados ante el tribunal.

Pero los abogados de unos 350,000 migrantes haitianos y de 6,000 sirios afirman que el gobierno se saltó el proceso y que los magistrados pueden evaluar si las autoridades siguieron todos los pasos establecidos en la ley.

El Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado las protecciones para 13 países desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Algunas personas que vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos desde hacía más de una década perdieron empleos y vivienda en cuestión de semanas, señalaron los abogados. Volver a Haití y Siria no es una opción para muchos porque la violencia y la inestabilidad continúan, manifestó Sejal Zota, cofundadora y directora legal de Just Futures Law.

“Esto es realmente una cuestión de vida o muerte”, afirmó. Cuatro mujeres haitianas que fueron deportadas de Estados Unidos en febrero fueron halladas decapitadas y arrojadas a un río varios meses después, señalaron los abogados en documentos judiciales.

El gobierno de Trump acudió al máximo tribunal después de que jueces en Nueva York y Washington, D. C., acordaran retrasar el final de las protecciones. Uno determinó que la “hostilidad hacia los migrantes no blancos” influyó probablemente en la decisión de acabar con las protecciones para los haitianos.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump amplificó falsos rumores de que migrantes haitianos estaban secuestrando y comiendo perros y gatos.

Las autoridades federales han negado que la animadversión racial haya desempeñado algún papel en las decisiones sobre las protecciones legales. También citan una decisión del Tribunal Supremo del primer mandato de Trump que rechazó alegaciones de sesgo basadas en sus publicaciones en redes sociales y confirmó una prohibición de viaje a varios países de mayoría musulmana.

Roberts, sin embargo, cuestionó si el gobierno estaba pidiendo una “expansión significativa” de la decisión que él escribió en 2018.

Barrett, que tiene dos hijos adoptados de Haití, planteó preguntas a ambas partes sobre el proceso y sobre si los jueces realmente pueden intervenir.

“¿Por qué permitiría el Congreso la revisión del aspecto procesal cuando en realidad lo que a todo el mundo le importa mucho más es el fondo?”, preguntó Barrett a un abogado de los migrantes sirios.

“Creo que es porque el Congreso, y nosotros también, y los millones de personas que viven con titulares de TPS, tenemos cierta fe en el gobierno”, respondió el abogado Ahilan Arulanantham.

Se espera que la corte falle para el verano. Técnicamente, su decisión no será un fallo final sobre el tema, pero podría tener efectos de gran alcance para los migrantes mientras el litigio continúa.

A los sirios se les concedió por primera vez estatus protegido en 2012, durante una guerra civil que duró más de una década antes de la caída del gobierno de Bashar Assad a finales de 2024.

Los haitianos se incorporaron al programa en 2010, tras un catastrófico terremoto y se les ha prorrogado en múltiples ocasiones debido a la persistente violencia de las pandillas, que ha desplazado a más de un millón de personas, según documentos judiciales.

Maryse Balthazar estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando el terremoto sacudió su Haití natal. Ahora lleva 16 años en Estados Unidos con estatus legal temporal. Tiene dos hijos y trabaja como asistente de enfermería para personas mayores. Ese sector depende de migrantes haitianos como ella y se vería perjudicado por una decisión de la Corte Suprema que permitiera el fin de su estatus, señaló un grupo sectorial en documentos presentados ante el tribunal.

Para Balthazar, perder esas protecciones sería devastador. Perdió su hogar en Haití por el terremoto, y otra casa en la que podría haber vivido quedó destruida en un incendio, posiblemente por la implicación de pandillas. “Estaría sin hogar”, expresó. “Tengo miedo... es un temor con el que todos vivimos”.

Otros casos migratorios que el máximo tribunal considera este año incluyen la iniciativa de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento y la facultad del gobierno para reactivar una política de asilo restrictiva.