El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) está dando marcha atrás en su plan de utilizar almacenes para albergar hasta 10,000 personas en un único recinto, descartando así una pieza clave del plan ascendente a $38,000 millones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destinado a ampliar rápidamente la capacidad de detención este año.

El Gobierno federal, contra el que han presentado una demanda el estado de Míchigan y un municipio de las afueras de Detroit, comunicó el lunes a un juez que se venderá un almacén adquirido en Romulus. Los planes también se están desmoronando en Social Circle (Georgia) y en Socorro, un municipio de las afueras de El Paso, según han informado las autoridades locales.

Estas tres ciudades se encuentran entre las 11 en las que el Gobierno federal destinó un total de $1,074 mil millones a la construcción de almacenes.

El New York Times informó por primera vez la semana pasada de que las autoridades federales de inmigración tienen ahora previsto deshacerse de siete de los once almacenes, ya sea cediéndolos a otras agencias federales o vendiéndolos directamente.

El DHS no ha confirmado estas informaciones, pero ha declarado en un comunicado que está “actuando con rapidez para aprovechar el espacio de detención EXISTENTE junto con nuestros socios estatales y del condado”.

“Una auténtica temeridad”: así es como Claire Trickler-McNulty, antigua funcionaria del ICE durante los gobiernos de Obama, Trump y Biden, describió los planes para convertir los edificios en centros de detención de inmigrantes.

Uno de los problemas fue que las adquisiciones de Noem se llevaron a cabo, en gran medida, al margen de la opinión pública, lo que provocó el descontento de las comunidades, que se vieron tomadas por sorpresa. Algunas no se enteraron de los planes del ICE hasta después de que la agencia comprara o alquilara espacios para los detenidos.

Tras el despido de Noem, su sucesor, Markwayne Mullin, suspendió rápidamente la adquisición de nuevos almacenes.

Algunos se oponían, por motivos morales, a la presencia de ICE en sus barrios, mientras que otros se preguntaban si las instalaciones supondrían una carga para los recursos locales, como las redes de alcantarillado y de agua.

Se presentaron siete demandas federales, y los obstáculos normativos provocaron problemas en otros ámbitos.

Mientras tanto, las dudas sobre cuánto pagó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por algunos almacenes dieron lugar a una auditoría interna. La agencia desembolsó el doble de lo que figuraba como valor del almacén de Nueva Jersey en los registros fiscales y casi cinco veces más que el valor catastral del almacén de Social Circle.

Trickler-McNulty, el antiguo funcionario del ICE, afirmó que el ICE cuenta con algunas instalaciones propias que heredó de la agencia que le precedió, el Servicio de Inmigración y Naturalización, pero que, en general, el ICE ha subcontratado sus necesidades de detención.

«Las instalaciones con capacidad para más de 2,000 personas simplemente se colapsan. Es muy difícil gestionar una instalación tan grande, mantenerla dotada de personal y hacer que todo funcione», afirmó.

Mullin, que se hizo cargo y amplió el negocio de fontanería de su familia antes de representar a Oklahoma en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, reconoció que se habían producido algunos problemas en su audiencia de confirmación.

Señaló que la mayoría de los municipios carecen de la capacidad necesaria en sus infraestructuras de gestión de residuos y agua.

De hecho, los problemas relacionados con el agua supusieron un reto tal que, en una demanda federal presentada en relación con el almacén de Salt Lake City —la adquisición más costosa, por valor de $145,400 millones—, se indicaba que los responsables del ICE habían comunicado al alcalde que quizá tendrían que transportar en camiones el agua y las aguas residuales desde las instalaciones como «solución provisional».

El artículo de The New York Times, que citaba documentos internos a los que había tenido acceso el periódico, indicaba que el almacén de Salt Lake City es uno de los que las autoridades federales de inmigración tienen previsto ceder o vender. También figuran en la lista el almacén de Romulus, así como uno en Nueva Jersey, dos en Georgia y otros dos en Pensilvania.

La fiscal general de Míchigan, Dana Nessel, afirmó que habría sido una «abominación» que el almacén de Romulus, de 249,000 pies cuadrados, se hubiera transformado en un centro de detención de inmigrantes, tal y como estaba previsto cuando se adquirió por $34.7 millones,

«La propuesta del centro de detención de ICE era tan mal concebida como cruel e innecesaria, y me alegro de que este capítulo esté llegando a su fin», afirmó Nessel, del Partido Demócrata.

Social Circle, en Georgia, anunció la semana pasada en un comunicado que había recibido una notificación del diputado estadounidense Mike Collins, del Partido Republicano, en la que se indicaba que el DHS ya no tiene intención de construir allí un centro de detención del ICE.

Por otra parte, el director en funciones del ICE, David Venturella, comunicó a las autoridades de la zona de El Paso, durante una visita realizada a principios de este mes, que la agencia ha modificado sus planes respecto a tres almacenes que adquirió en la cercana localidad de Socorro por 122 millones de dólares, según afirmó la diputada Verónica Escobar, que estuvo presente durante la visita.

Escobar, una diputada demócrata que representa a El Paso, afirmó durante una rueda de prensa que el ICE ya no tiene previsto detener a hasta 8,500 inmigrantes en las instalaciones, tal y como se había previsto inicialmente, y que, en su lugar, convertirá el recinto en un campus del ICE, según explicó. El recinto acogerá a un número menor de detenidos, aún sin especificar, pero también contará con oficinas del ICE y espacios de formación, añadió.

Sin embargo, muchas de las comunidades seguían sintiéndose frustradas, ya que les resultaba muy difícil obtener información sobre posibles ventas.

En Pensilvania, las autoridades estatales y locales afirmaron el martes que no habían recibido ninguna información nueva del DHS sobre dos almacenes adquiridos a principios de este año por dicho departamento. La puesta en marcha de ambos se ve frenada por la denegación de los permisos por parte del estado, debido a la preocupación de que los servicios de agua potable y alcantarillado sean insuficientes para atender a miles de habitantes.

El diputado estadounidense Dan Meuser, cuyo distrito incluye ambos almacenes, afirmó que se reunió el viernes con personal del DHS, pero que la agencia aún no había tomado una decisión sobre si utilizarlos como centros de detención o venderlos.

En Georgia, el alcalde de Oakwood afirmó el martes que está en contacto con la delegación de su estado en el Congreso, con el fin de confirmar los rumores de que se va a vender un almacén de la localidad. «Todavía no he oído nada al respecto», declaró B.R. White.

En Maryland, donde un juez prorrogó la suspensión de la transformación de un enorme almacén en un centro de tramitación para inmigrantes, el ICE está recabando actualmente opiniones de la ciudadanía sobre el impacto medioambiental de las instalaciones. Además, a principios de este mes se dieron a conocer más detalles sobre los planes para el centro, entre los que se incluyen seis patios de recreo vigilados.

Patrick Dattilio, fundador de Hagerstown Rapid Response —una organización creada para oponerse al alojamiento de detenidos del ICE en el almacén—, afirmó que apenas ha habido comunicación más allá de la demanda judicial. No obstante, sigue decidido a impedir que se inaugure.

“Es un almacén enorme», dijo Dattilio. «No está pensado para que haya gente".