

22 de noviembre de 2026 - 7:07 PM

Un tribunal de apelaciones anuló una ley federal que exige a los lugares de trabajo ofrecer facilidades para las embarazadas, luego de determinar que el Congreso violó la Constitución de Estados Unidos cuando aprobó la norma en 2022.
La Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, emitió su fallo el viernes por 9 votos a favor y 8 en contra. Defensores de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas señalaron que la decisión invalida dicha ley en Texas, Luisiana y Misisipi, que están bajo la jurisdicción del 5º Circuito, y podría poner en riesgo la norma en otros lugares.
El tribunal de apelaciones determinó que la ley era inconstitucional, ya que una mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes federal no estaba físicamente presente cuando se aprobó como parte de un paquete de gastos en diciembre de 2022. En ese momento, la cámara baja operaba bajo reglas de la era del COVID-19, las cuales les permitían a los legisladores votar mediante representación.
“El texto, el contexto, la comprensión original y la aplicación histórica ininterrumpida de la Cláusula (de quórum) indican que los miembros del Congreso deben estar presentes a efectos de quórum, tal como sostuvo expresamente la Corte Suprema hace más de 125 años y como el Congreso ha hecho desde la fundación (del país)”, manifestó el tribunal en su decisión. “La ‘presencia por representación’ no cuenta”.
A Better Balance, un grupo activista que encabezó la iniciativa para aprobar la ley, indicó en un comunicado el viernes que el fallo del tribunal de circuito probablemente será apelado ante la Corte Suprema federal. Inimai Chettiar, presidenta del grupo, manifestó que la resolución carecía de “fundamento jurídico y era miope”.
“El 5º Circuito ha puesto en riesgo la salud, los medios de sustento y la seguridad económica de millones de mujeres estadounidenses y sus familias”, expresó Chettiar en un comunicado.
La ley, aprobada con apoyo bipartidista, refuerza los derechos de las mujeres a recibir facilidades en el trabajo por necesidades relacionadas con el embarazo y el parto, tales como tiempo libre para acudir a citas médicas y exenciones de levantar objetos pesados.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó en 2023 para bloquear la ley, bajo el argumento de que era inconstitucional. En 2024, un juez federal coincidió y bloqueó la implementación de la norma para las empleadas del gobierno texano.
Pero en 2025, un panel de tres jueces del 5º Circuito no estuvo de acuerdo y concluyó que la ley se aprobó correctamente bajo las reglas del Congreso vigentes durante la pandemia. Esa decisión fue apelada ante el pleno del 5º Circuito.
En su voto disidente, los ocho jueces que sufragaron para que la ley siguiera vigente señalaron que ningún miembro del Congreso objetó que faltara quórum cuando se aprobó el proyecto de ley de financiación gubernamental por 1,7 billones de dólares.
“El estado de Texas, tras haber aceptado la gran mayoría de los fondos que el Congreso le asignó, ahora sostiene que la parte del proyecto de ley que brinda protecciones a las mujeres embarazadas y a los trabajadores viola la Cláusula de Quórum”, escribieron.
Aunque la ley se aprobó durante el gobierno del presidente Joe Biden, el Departamento de Justicia en el gobierno del presidente Donald Trump ha seguido combatiendo la demanda de Paxton, que —si prospera— podría abrir la puerta a impugnaciones jurídicas de otras leyes de la era de la pandemia aprobadas mediante voto por representación.
El domingo se le dejó un mensaje al Departamento de Justicia para solicitarle comentarios sobre la decisión del tribunal de apelaciones.
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