Washington- El Caucus Negro del Congreso de Estados Unidos y los principales grupos de derechos civiles marcaron el martes el Mes de la Historia Negra relanzando un plan nacional para movilizarse contra lo que dicen son los esfuerzos de la administración Trump para debilitar las protecciones legales para las comunidades minoritarias.

Los líderes reunidos expresaron su indignación por la serie de medidas políticas que el presidente Donald Trump ha implementado desde su regreso a la Casa Blanca, así como por la conducta personal del mandatario, pero ofrecieron pocos detalles concretos sobre lo que están dispuestos a hacer en respuesta a la administración.

“En el último año, hemos sido testigos de un esfuerzo concertado para hacer retroceder los derechos civiles subyacentes al acceso al voto, desmantelar los programas sociales y concentrar el poder en manos de los ricos y bien conectados, a expensas de nuestra comunidad”, declaró la representante demócrata Yvette Clarke, presidenta de la Bancada Negra del Congreso.

Clarke, que habló ante líderes de importantes organizaciones de derechos civiles y sus colegas demócratas, prometió que la coalición “legislará, organizará y movilizará a nuestras comunidades”. La coalición, que habló en privado antes de la rueda de prensa, debatió cómo proteger a los votantes de cara a las elecciones legislativas de otoño y cómo elaborar una agenda política para los demócratas en caso de que el partido recupere el poder en cualquiera de las dos cámaras del Congreso el próximo año.

“Es un momento en el que hay que poner toda la carne en el asador, y hay que utilizar todas las herramientas de que dispone la dirección para darle la vuelta a la situación”, declaró a The Associated Press el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, tras la rueda de prensa.

Jeffries no descartó las protestas masivas, la organización de boicots y otras acciones legales como posibles medidas que podrían tomar los organizadores.

Las advertencias de los líderes llegan en un momento en que la administración Trump ha continuado su cruzada contra la diversidad, la equidad y la inclusión en todo el gobierno de Estados Unidos, en la educación superior y en el sector privado.

Al inicio de su segundo mandato, Trump firmó múltiples órdenes ejecutivas que prohíben el uso de “DEI ilegal” en las agencias gubernamentales, así como en las organizaciones que interactúan con el gobierno federal. Trump ha amenazado con retener fondos a grandes empresas, grupos sin ánimo de lucro y gobiernos estatales como parte de los esfuerzos de la administración por acabar con la DEI.

La administración también ha tratado de redefinir la cultura de la nación y el modo en que se enseña la historia en museos, aulas y otros entornos educativos. También ha dado prioridad a la investigación y persecución de casos de posible discriminación de la población blanca en materia de derechos civiles a través de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de estados Unidos y de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, entre otros organismos.

Líderes de los derechos civiles y legisladores demócratas ya han presentado docenas de demandas contra las políticas antiDEI de la administración.

Sin poder en ambas cámaras del Congreso, los demócratas tienen menos medios para supervisar o limitar las acciones de la administración Trump. Y los líderes de los derechos civiles, que se vieron en gran medida perjudicados por una avalancha de cambios políticos durante el año pasado, están tratando de reagruparse antes de las elecciones de mitad de mandato de este año.

Los líderes progresistas de los derechos civiles, que en general están descontentos con toda la agenda de la administración, han argumentado que la agenda del presidente en materia de inmigración, derecho al voto, economía y otras cuestiones está explotando políticas duramente ganadas que los líderes de los derechos civiles habían utilizado durante décadas para garantizar la lucha contra la discriminación y el progreso económico de las comunidades negras.

“Se trata de cómo esta administración está utilizando las herramientas que construimos como comunidad negra para garantizar que toda nuestra gente está protegida”, dijo Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos.

Los líderes estatales progresistas y los grupos de derechos civiles también han intensificado sus esfuerzos en otros lugares. Este mes, una coalición de fiscales generales estatales y grupos de defensa de los derechos civiles ha lanzado una coalición para promover la DEI y las políticas de accesibilidad mediante una acción legal más agresiva.

“Los fiscales generales de los estados se encuentran en una posición única para defender estos derechos fundamentales, y esta campaña garantizará que todos sean escuchados y protegidos de quienes pretenden debilitar los derechos civiles”, declaró el lunes el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, en un comunicado en el que anunciaba la iniciativa.

La iniciativa incluye a fiscales generales demócratas de catorce estados del Distrito de Columbia, así como a más de una docena de grupos de derechos civiles de todo el país. El grupo tiene la intención de iniciar investigaciones y presentar demandas en todo el país en los casos en que, según los líderes, las organizaciones pueden estar violando las leyes contra la discriminación en respuesta al retroceso de las políticas de DEI por las grandes empresas y la administración Trump.

El esfuerzo se enfrenta a un panorama jurídico incierto y cambiante.

Los tribunales federales siguen divididos sobre el uso de la raza en la contratación y la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo. Y la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha pronunciado en contra del uso de la raza en las admisiones universitarias. Varios jueces han expresado su escepticismo sobre la forma en que la raza y otras características pueden ser utilizadas por las agencias gubernamentales y las instituciones privadas, incluso si una política está destinada a combatir la discriminación.

El martes, los líderes de los derechos civiles reunidos reconocieron repetidamente la ardua batalla a la que se enfrenta su movimiento en múltiples frentes. Algunos afirmaron que las decisiones políticas de la administración pueden plantear duras batallas políticas en los próximos años.