Las juezas del Tribunal Supremo Elena Kagan y Amy Coney Barrett comparecerán este martes ante el Congreso, algo poco habitual, semanas después de que concluyera un período de sesiones histórico.

Las juezas comparecen ante una comisión de presupuestos de la Cámara de Diputados, en un momento en el que el tribunal solicita millones de dólares para reforzar la seguridad ante el aumento de las amenazas contra el poder judicial.

En general, los jueces de todo el país han observado un aumento de las amenazas de violencia y la intimidación, incluida una llamada falsa a la policía para denunciar una agresión en el domicilio de Barrett el mes de mayo.

La vista se celebra dos semanas después de que el tribunal, de mayoría conservadora, concluyera la emisión de una serie de sentencias importantes, entre ellas una que ampliaba los poderes del presidente Donald Trump sobre las agencias reguladoras federales y otra que rechazaba sus aranceles de amplio alcance, lo que desencadenó duras críticas personales.

Es la primera vez que las juezas comparecen ante el Congreso desde 2019, y ambas podrían tener que responder a preguntas de muy diversa índole, aunque intenten centrar el debate en el presupuesto.

La seguridad ocupa un lugar central en la solicitud presupuestaria del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo solicitó un total de $228 millones para el próximo ejercicio fiscal, lo que supone un aumento de aproximadamente el 10% con respecto al año anterior. De esa cantidad, casi $15 millones se destinarían a reforzar la protección personal de los magistrados, con seis agentes más para cada uno.

Otros $2 millones se destinarían a financiar un puesto de seguridad residencial fuera de las instalaciones, con el objetivo de agilizar la respuesta ante emergencias, así como a aumentar el número de agentes de policía del Tribunal Supremo.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, encargado de proteger a los jueces, registró 564 amenazas durante el ejercicio fiscal del Gobierno que finalizó en septiembre, lo que supone un aumento con respecto al año anterior.

Esa cifra incluye las amenazas dirigidas a cientos de jueces federales de todo el país, aunque el Tribunal Supremo, compuesto por nueve miembros, tampoco se ha librado de ellas.

En mayo, el equipo de seguridad de Barrett colaboró con la policía para responder rápidamente a una llamada que se determinó que era un “swatting”, es decir, una llamada falsa al 911 destinada a provocar una intervención policial. El año pasado, su hermana fue víctima de una amenaza de bomba en Charleston, Carolina del Sur, según informó la policía. No se encontró ninguna bomba.

En 2022, poco después de que se filtrara un borrador de dictamen que anulaba la sentencia sobre el aborto del caso Roe contra Wade, un presunto asesino fue detenido cerca de la vivienda del juez Brett Kavanaugh en posesión de armas y bridas.