Illinois instó el jueves a un juez a que ordene a la Guardia Nacional que se retire del área de Chicago, calificando el despliegue como una crisis constitucional e indicando que el gobierno del presidente Donald Trump no atendió a la impugnación legal pendiente cuando envió tropas durante la noche a un edificio de control de inmigración.

El gobierno “siguió adelante de todos modos”, dijo Christopher Wells, abogado de la oficina del fiscal general del estado. “Ahora, las tropas están aquí”.

Los argumentos de Wells dieron inicio a una audiencia extraordinaria en un tribunal federal de Chicago. La ciudad y el estado, gobernados por líderes electos demócratas, afirman que Trump excedió enormemente su autoridad e ignoró sus súplicas de mantener a la Guardia fuera de las calles.

La gran afluencia de público al tribunal del centro hizo que las autoridades abrieran una sala adicional con una transmisión de video de la audiencia. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, consiguió un asiento en una esquina de la sala del tribunal.

El abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Eric Hamilton, afirmó que el área de Chicago estaba plagada de una “trágica anarquía”. Señaló un incidente ocurrido el fin de semana pasado en el que un vehículo de la Patrulla Fronteriza fue acorralado y un agente disparó a una mujer en respuesta.

“Chicago está viendo una nueva y descarada forma de hostilidad de los alborotadores que atacan a las fuerzas federales del orden”, afirmó. “No son manifestantes. Hay suficiente como para que se produzca un riesgo de rebelión aquí, y lo hay”.

Señaló que algunas personas llevaban máscaras antigás, lo que indica que estaban preparadas para una pelea, pero la jueza federal de distrito, April Perry, respondió que ello podría justificarse para evitar el gas lacrimógeno en un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Broadview, fuera de Chicago.

“Yo también usaría una máscara antigás”, dijo la jueza, “no porque trate de ser violenta, sino porque trato de protegerme”.

Hamilton también intentó acotar los temas. Dijo que la misión de la Guardia sería proteger propiedades federales y a los agentes del gobierno en el terreno, no “resolver todo el crimen en Chicago”.

Miembros de la Guardia Nacional de Texas e Illinois llegaron esta semana a un Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, al suroeste de Chicago. Los 500 efectivos están bajo las órdenes del Comando Norte de Estados Unidos y han sido activados por 60 días.

Podían verse algunos elementos de la Guardia detrás de vallas portátiles en el edificio del ICE en Broadview. En el lugar se han producido enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes federales, pero el ambiente era tranquilo, con pocas personas presentes.

Wells, el abogado de Illinois, describió el impacto de las medidas de inmigración de Trump en Chicago, señalando que varios ciudadanos estadounidenses han sido detenidos temporalmente. Reconoció que “el presidente tiene el poder, y lo está usando”.

“Pero ese poder no es ilimitado”, agregó, refiriéndose al despliegue de la Guardia. “Y este tribunal puede controlar ese poder”.

Perry ordenó a las partes que regresaran al tribunal el jueves por la tarde.

También el jueves, un tribunal federal de apelaciones escuchó argumentos sobre si Trump tenía la autoridad para tomar el control de 200 tropas de la Guardia Nacional de Oregon. El presidente había planeado desplegarlas en Portland, donde ha habido protestas nocturnas, principalmente pequeñas, fuera de un edificio del ICE.

La jueza federal de distrito, Karin Immergut, otorgó el domingo una orden de restricción temporal que bloquea la medida. Trump había movilizado tropas de California hacia Portland apenas unas horas después de que la jueza le impidiera por primera vez usar la Guardia de Oregon.

Otras dos docenas de estados con un fiscal general o gobernador demócrata firmaron un documento judicial en apoyo a la impugnación legal de California y Oregon. Otros veinte, encabezados por Iowa, respaldaron al gobierno de Trump.

La Ley Posse Comitatus de casi 150 años de antigüedad, limita el papel del ejército en la aplicación de leyes locales. Sin embargo, Trump ha dicho que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite que el presidente envíe militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o desafían la ley federal.

Previamente, Trump envió tropas a Los Ángeles y Washington. En Memphis, Tennessee, el alcalde Paul Young dijo que los militares comenzarían a patrullar el viernes. El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, apoya esa función.

La jefa de policía Cerelyn “CJ” Davis dijo que esperaba que la Guardia se utilizara para dirigir el tráfico y tener presencia en los corredores comerciales, pero no para puntos de control o similares.

Davis dijo que no quiere que Memphis “sienta que hay una militarización excesiva en nuestras comunidades”.

El uso agresivo de la Guardia por parte del gobierno de Trump fue impugnado este verano en California, que ganó y perdió una serie de decisiones judiciales mientras se oponía a la política de poner tropas en Los Ángeles, donde protegieron edificios federales y a agentes de inmigración.

Un juez dijo en septiembre que el despliegue era ilegal. Para ese momento, solo 300 de los miles de tropas enviadas allí permanecían en el terreno. El impartidor de justicia no ordenó que se retiraran. El gobierno luego tomó medidas para enviarlas a Oregon.