Cuatro estados gobernados por demócratas que se han convertido en blanco frecuente del presidente Donald Trump presentaron una demanda el miércoles para intentar impedir que su gobierno les corte cientos de millones de dólares en subvenciones de salud pública.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó al Congreso el lunes que planeaba retener unos $600 millones en fondos de subvenciones asignados a los cuatro estados: California, Colorado, Illinois y Minnesota. Sus fiscales generales sostienen que los recortes son una represalia por la oposición de los estados a la campaña de Trump contra la inmigración.

La demanda afirma que los recortes violan la Constitución al imponer condiciones retroactivas al financiamiento y solicita a un tribunal federal en Illinois que impida que entren en vigor.

Algunas subvenciones podrían cancelarse a partir del jueves, y otras en las próximas semanas, indicó el fiscal general de Colorado, Phil Weiser.

Funcionarios de salud han señalado que las subvenciones -varias centradas en personas LGBTQ+ y comunidades de color- son “incompatibles con las prioridades de la agencia”, ya que el gobierno de Trump se ha alejado de apoyar programas para poblaciones específicas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades revisaron sus prioridades en septiembre, calificando la equidad en salud como un concepto “con carga ideológica” que “ha socavado valores fundamentales estadounidenses”.

Funcionarios del departamento de salud no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

El gobierno también planea retirar cientos de millones de dólares en financiación de transporte a esos mismos cuatro estados.

Los tribunales han bloqueado temporalmente esfuerzos similares del gobierno para restringir fondos federales.

Un juez dictaminó la semana pasada que, por ahora, el gobierno no puede cortar miles de millones de dólares en subsidios para el cuidado de niños y otros programas de servicios sociales para personas de menores ingresos en esos cuatro estados, además de Nueva York.

Varios de los mayores recortes de financiación previstos en materia de salud corresponden a programas destinados a prevenir la propagación del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Chicago y Los Ángeles, con un enfoque en adolescentes, minorías étnicas y hombres gay.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó los recortes de financiación como “una bofetada en la cara” para los líderes de salud pública que han dado un paso al frente mientras el gobierno de Trump “le da un mazazo a la infraestructura de salud pública”.

La Casa Blanca también ha puesto la vista en una subvención de 7.2 millones de dólares para la Asociación Médica Estadounidense, con sede en Chicago, al señalar su apoyo a los tratamientos de confirmación de género para menores, a los que se opone una orden ejecutiva de Trump.

Otras subvenciones ayudan a los estados a rastrear brotes de enfermedades y a recopilar datos de salud pública que los CDC también utilizan.

California enfrenta la mayor parte de los recortes previstos, que, según el fiscal general Rob Bonta, “dañarán irreparablemente” la salud pública en el estado.

“El presidente Trump está recurriendo a un manual ya conocido”, afirmó Bonta. “Está usando el financiamiento federal para obligar a estados y jurisdicciones a seguir su agenda. Esos esfuerzos ya han fracasado antes, y esperamos que vuelva a ocurrir”.