Un jurado investigador se negó por segunda ocasión en una semana a presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el jueves, un nuevo golpe contra los esfuerzos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) por procesar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump.

Los repetidos fracasos representan un sorprendente rechazo a los intentos de la fiscalía por resucitar una causa penal que presentaron a instancias de Trump, y dejan entrever una creciente desconfianza pública en torno a la campaña de represalias que ha emprendido el gobierno.

La negativa del jurado investigador es una circunstancia inusual, en cualquier caso, pero es particularmente dolorosa para un DOJ que ha sido firme en su determinación de buscar venganza contra los enemigos de Trump, como es el caso de James y el exdirector del FBI, James Comey. Los ciudadanos han escuchado en ocasiones distintas la evidencia que tiene el gobierno en contra de James y no han quedado convencidos, reacios a aprobar lo que la fiscalía ha intentado presentar como un caso penal contundente.

Un juez desestimó la acusación original contra James y Comey en noviembre, dictaminando que la fiscal que presentó el caso ante el jurado investigador, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente como fiscal federal para el Distrito Este de Virginia.

El DOJ solicitó a un jurado investigador en Alexandria, Virginia, que emitiera una acusación el jueves después de que otro jurado en Norfolk se negó a hacerlo la semana pasada. El fracaso para obtener una acusación formal fue confirmado por dos personas al tanto del asunto que no estaban autorizadas a declarar públicamente sobre el caso y hablaron a condición de mantener el anonimato.

De momento se desconoce el jueves si la fiscalía realizará un tercer intento de obtener una nueva acusación. Una de las fuentes señaló que los fiscales aún evalúan sus siguientes pasos y defendieron el caso.

Un abogado de James, quien ha negado haber cometido cualquier irregularidad, dijo que este “rechazo sin precedentes deja aún más claro que este caso nunca debió haber visto la luz del día”.

“Este caso ya es una mancha en la reputación de este Departamento y plantea preguntas preocupantes sobre su integridad”, subrayó el abogado defensor Abbe Lowell en un comunicado. “Cualquier intento adicional de revivir estos cargos desacreditados sería una burla a nuestro sistema de justicia”.

James, una demócrata que enfureció a Trump después de su primer mandato al presentar una demanda asegurando que el entonces exmandatario construyó su imperio empresarial sobre mentiras acerca de su riqueza, fue acusada en un principio de fraude bancario y de hacer declaraciones falsas a una institución financiera en relación con la compra de una vivienda en 2020.

Durante la venta, firmó un documento estándar llamado “anexo de segunda residencia” en el que acordó mantener la propiedad principalmente para su “uso y disfrute personal durante al menos un año”, a menos que el prestamista acordara lo contrario. En lugar de usar la casa como una segunda residencia, los fiscales afirman que James la alquiló a una familia de tres, lo que le permitió obtener condiciones favorables de crédito que no están disponibles para propiedades de inversión.

Ambos casos, el de James y una acusación separada contra Comey, fueron presentados poco después del nombramiento como fiscal federal de Halligan, una exabogada de Trump sin experiencia previa en el cargo, en medio de los llamados públicos del presidente para tomar medidas contra sus oponentes políticos.

Pero el juez federal Cameron McGowan Currie desestimó los casos el mes pasado debido al inusual mecanismo que empleó el gobierno para nombrar a Halligan. El juez desestimó el caso sin prejuicio, permitiendo que el Departamento de Justicia tratara de presentar nuevamente los cargos.

Halligan fue designada como reemplazo de Erik Siebert, un experimentado fiscal que renunció en septiembre en medio de la presión del gobierno federal para presentar cargos contra Comey y James. Dejó el puesto después de que Trump declaró a la prensa que quería a Siebert “fuera”.

La Casa Blanca está avanzando con el proceso formal de confirmación para Halligan, quien recientemente devolvió su cuestionario de nominada a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, la cual evalúa a todos los candidatos a fiscal federal. Su nominación, sin embargo, enfrenta importantes obstáculos de procedimiento.

Los abogados de James argumentaron por separado que el caso era una acusación vengativa presentada para castigar a una fiscal general estatal que pasó años investigando e interponiendo demandas contra el republicano, y que incluso ganó un juicio en una demanda que afirmaba que defraudó a las instituciones bancarias al inflar el valor de sus propiedades inmobiliarias en declaraciones financieras. Un tribunal superior anuló posteriormente la multa, pero ambas partes se encuentran apelando el fallo.

Por separado, Comey fue acusado de mentir al Congreso en 2020. Una jueza federal ha complicado los esfuerzos del Departamento de Justicia para buscar una nueva acusación contra Comey, prohibiendo temporalmente que los fiscales tengan acceso a los documentos informáticos de Daniel Richman, un amigo cercano de Comey y profesor de derecho en la Universidad de Columbia a quien los fiscales consideran como una figura central en cualquier posible caso contra el exdirector del FBI.

La fiscalía tomó medidas el martes para anular esa orden, calificando la solicitud de Richman para la devolución de sus archivos como una “herramienta estratégica para obstruir la investigación y posible enjuiciamiento”. Dijeron que la jueza había excedido su autoridad al ordenar la devolución de la propiedad de Richman y que el fallo había impedido su capacidad para proceder con un caso contra Comey.