La administración Trump aprobó esta semana solicitudes de declaración de desastre mayor para al menos siete estados, según la información publicada el sábado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), lo que permite a las comunidades afectadas acceder al apoyo federal. Unas 15 solicitudes de ayuda de otros estados y tribus por fenómenos meteorológicos extremos de este año y el pasado parecen estar pendientes, junto con tres apelaciones de denegaciones anteriores.

Alaska, Idaho, Montana, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Washington recibieron declaraciones de catástrofe grave, que pueden desbloquear ayuda federal y financiación para necesidades de recuperación como reparaciones de infraestructuras públicas y ayuda a los supervivientes.

El anuncio, en un documento informativo diario de FEMA, se produce semanas después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, supervise la agencia de ayuda en desastres y es la última señal de que el exsenador republicano de Oklahoma podría aliviar parte de la agitación del liderazgo de su predecesora, Kristi Noem, quien fue despedida por el presidente Donald Trump en marzo.

No obstante, la labor de la FEMA podría verse perjudicada por el actual cierre del DHS, que dura ya ocho semanas. Aunque la respuesta y la recuperación en caso de catástrofe pueden continuar durante el cierre porque el Fondo de Ayuda para Catástrofes de la FEMA no caduca, ese dinero se está agotando a medida que se prolonga el estancamiento de la financiación. El proyecto de ley de asignaciones del DHS repondría el fondo con más de $26,000 millones.

Mullin dijo el martes que planeaba informar a Trump ese día sobre las solicitudes de declaración pendientes, afirmando su intención de acelerar el trabajo en desastres pasados en el período previo a la temporada de huracanes del Atlántico, que comienza el 1 de junio.

“Estamos tratando de impulsar estas cosas lo más rápido posible”, dijo Mullin tras inspeccionar las labores de recuperación del huracán Helene en Carolina del Norte en su primera visita oficial como secretario del DHS, reconociendo que “las catástrofes ocurren constantemente”.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo el sábado que Trump responde a esas peticiones “con gran cuidado y consideración, asegurándose de que el dinero de los contribuyentes estadounidenses es utilizado de forma adecuada y eficiente por los estados para complementar -no sustituir- su obligación de responder y recuperarse de los desastres”. Ella dijo que un objetivo de la administración es que los gobiernos estatales y locales “inviertan en su propia capacidad de recuperación antes de que ocurra un desastre, haciendo que la respuesta sea menos urgente y la recuperación menos prolongada.”

Aunque Mullin aseguró a sus compañeros senadores durante su audiencia de confirmación que creía en la misión de la FEMA, el futuro de la agencia es incierto. Trump ha expresado su deseo de que los estados asuman una mayor responsabilidad en las catástrofes. El Consejo de Revisión de FEMA que nombró el año pasado no ha publicado un informe de recomendaciones que se espera que incluya cambios radicales en la forma en que el gobierno federal apoya la resiliencia, la respuesta y la recuperación ante desastres.

No estaba claro de inmediato si otros estados o tribus también habían sido informados de aprobaciones o denegaciones que aún no se habían anunciado públicamente. El gobernador de Hawai, el demócrata Josh Green, dijo el miércoles que su estado había recibido una declaración de desastre por las devastadoras inundaciones de marzo.

Trump también modificó las declaraciones de desastre anteriores para Tennessee y Mississippi, añadiendo más condados para la asistencia individual después de una fuerte tormenta invernal en enero.

Algunas comunidades han experimentado largas esperas sin precedentes para obtener respuestas a sus solicitudes de ayuda para catástrofes durante el segundo mandato de Trump. Un análisis realizado por The Associated Press en septiembre reveló que las aprobaciones tardaban más de un mes de media.

En la década de 1990 y principios de la de 2000, los presidentes tardaban una media de menos de dos semanas en conceder la declaración de catástrofe a los gobernadores. En la última década, con los presidentes de los dos partidos mayoritarios, el plazo aumentó a unas tres semanas.

Arizona lleva casi tres meses esperando una respuesta a su recurso tras habérsele denegado la ayuda por las graves tormentas e inundaciones ocurridas en septiembre.

Algunos estados liderados por demócratas se han quejado de que se les haya denegado la declaración de catástrofe a pesar de demostrar su necesidad. El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó la decisión de Trump de “profundamente frustrante” después de que el presidente denegara en dos ocasiones la solicitud de ayuda del estado por las inundaciones de mayo de 2025 a pesar de que una evaluación de la FEMA mostraba más de 33 millones de dólares en daños.

Aunque la FEMA evalúa los daños y utiliza una fórmula específica para analizar el posible impacto en los estados y las jurisdicciones locales, las declaraciones de catástrofe quedan en última instancia a discreción del presidente.