Washington— La Casa Blanca está pidiendo a nueve importantes universidades que se comprometan con las prioridades políticas del presidente Donald Trump a cambio de un acceso más favorable a fondos federales.

Se pidió a las universidades que firmaran un “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior” comprometiéndose a adoptar la visión de la Casa Blanca para los campus de Estados Unidos. Se pide a las escuelas que acepten las prioridades del gobierno en materia de admisiones, deportes femeninos, libertad de expresión, disciplina estudiantil y asequibilidad de la universidad, entre otros temas.

La firma daría a las universidades acceso prioritario a algunas subvenciones federales, pero el dinero del gobierno no se limitaría únicamente a esas escuelas, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a discutir públicamente el plan y habló bajo condición de anonimato. Las universidades que estén de acuerdo también tendrían acceso prioritario a los eventos de la Casa Blanca y a las conversaciones con los funcionarios.

El pacto, obtenido el jueves por The Associated Press, pide a las universidades que acepten la definición de género del gobierno y la apliquen a los baños, los vestuarios y los equipos deportivos femeninos de los campus. Pide a las universidades que dejen de tener en cuenta la raza, el género y una amplia gama de otros datos demográficos de los estudiantes en el proceso de admisión y que exijan a los solicitantes de ingreso que realicen el SAT o el ACT.

El acuerdo propuesto, de 10 páginas, se envió el miércoles a algunas de las universidades públicas y privadas más selectivas: Vanderbilt, la Universidad de Pensilvania, Dartmouth College, la Universidad del Sur de California, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Texas, la Universidad de Arizona, la Universidad Brown y la Universidad de Virginia. No estaba claro cómo se seleccionaron estas escuelas ni por qué, ni si se harían ofertas similares a otras universidades.

Los líderes del sistema de Texas se sintieron “honrados” de que el campus de Austin fuera elegido para formar parte del pacto y de sus “posibles ventajas de financiación”, según una declaración de Kevin Eltife, presidente de la Junta de Regentes. “Hoy acogemos con satisfacción la nueva oportunidad que se nos presenta y esperamos trabajar con la Administración de Trump en ella”, dijo Eltife.

Los representantes de las demás universidades no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

La administración ha utilizado su control de la financiación federal como palanca en varias otras universidades, recortando el dinero de la investigación en escuelas como Harvard y Columbia, ya que ha buscado cambios en el gobierno y las políticas de las escuelas.

En virtud del pacto, la matrícula internacional tendría que limitarse al 15% del cuerpo estudiantil de pregrado de una universidad -muchas escuelas de élite están ahora por encima de eso- y no más del 5% podría provenir de un solo país.

Las escuelas que firmen tendrían que limitar la matrícula para los estudiantes de Estados Unidos durante cinco años y los campus más ricos no cobrarían matrícula en absoluto a los estudiantes que cursen “programas de ciencias duras”.

En cuanto a la libertad de expresión, las escuelas tendrían que comprometerse a promover una amplia gama de puntos de vista en el campus. Esto incluye “transformar o abolir las unidades institucionales que castigan, menosprecian e incluso provocan la violencia contra las ideas conservadoras”, según el pacto.

Cada escuela tendría que encargar una encuesta anual a los estudiantes y al profesorado para evaluar el cumplimiento del pacto por parte de los campus. Los términos serían aplicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y los infractores perderían el acceso a los beneficios del pacto durante no menos de un año. Tras las infracciones, la sanción se eleva a dos años.

“Las instituciones de educación superior son libres de desarrollar modelos y valores distintos de los que se indican a continuación”, dice el pacto, “si la institución opta por renunciar a las prestaciones federales”.