WASHINGTON - A la administración de Donald Trump le gusta promover su agenda de aplicación de la ley de inmigración a través de números, con metas ambiciosas para deportar a un millón de personas, reportar cero liberaciones en la frontera entre Estados Unidos y México y arrestar a miles de presuntos miembros de pandillas.

A pesar de todo el alarde, la administración ha estado publicando datos menos fiables y cuidadosamente examinados que sus predecesores sobre una política emblemática que se ha convertido en una de las más polémicas del segundo mandato de Trump.

El vacío de información y la pérdida de cifras de una oficina que ha rastreado los datos de inmigración desde 1800 han dejado a investigadores, defensores, abogados y periodistas sin estadísticas importantes para pedir cuentas a la administración republicana.

“No están publicando los datos”, dijo Mike Howell, que dirige el conservador Oversight Project, un grupo de defensa que presiona para que haya más deportaciones. En su lugar, dijo Howell, el Departamento de Seguridad Nacional ha publicado cifras en comunicados de prensa “que pretenden ser estadísticas sin respaldo estadístico y las cifras han saltado por todas partes”.

Con las deportaciones masivas como prioridad, las nuevas restricciones y el aumento de la aplicación de la ley han provocado un incremento de los arrestos, detenciones y deportaciones de inmigrantes.

Pero puede ser difícil encontrar los parámetros que antes medían esos cambios. Se trata de una prolongación de anteriores medidas de la Administración para limitar el flujo de información gubernamental mediante la eliminación de conjuntos de datos federales o el despido el año pasado del máximo responsable de la supervisión de los datos laborales.

La Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional se encarga de publicar las cifras de las agencias de Seguridad Nacional, incluidas las expulsiones y las nacionalidades de los deportados, para ofrecer una imagen completa de las tendencias de la inmigración en la frontera y dentro de Estados Unidos.

Conocida originalmente como Oficina de Estadísticas de Inmigración, realizaba el seguimiento de estos datos desde 1872. En su forma actual, creada bajo la administración Biden, también empezó a publicar informes mensuales que permitían a los investigadores seguir la evolución casi en tiempo real.

Pero las principales métricas de aplicación de la ley que figuran en su sitio web no se actualizan desde principios del año pasado. Una nota en la página donde estaban los informes mensuales dice que “se retrasa mientras se revisa”.

“Son los datos más puntuales. Son los datos más fiables”, dijo sobre los informes mensuales Austin Kocher, profesor de investigación de la Universidad de Syracuse que sigue de cerca las tendencias de los datos de inmigración. “Tiene la visión más omnisciente de la aplicación de la ley de inmigración en toda la agencia”.

En diciembre de 2023, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos puso en marcha un panel interactivo que permitía a los usuarios examinar a quién detenía la agencia, sus nacionalidades, antecedentes penales y números de expulsión. El ICE lo calificó de “nueva era en transparencia”.

Aunque están pensados para actualizaciones trimestrales, los últimos datos son de enero de 2025. A mediados de marzo aún no se había publicado el informe anual de la Agencia, que suele publicarse en diciembre.

Otros organismos también publican datos que afectan a la inmigración, y siguen apareciendo partes de ellos, como las estadísticas de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. que detallan los encuentros fronterizos o los datos de los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia.

Pero los expertos afirman que otros datos se han ralentizado.

Los datos más recientes del Departamento de Estado sobre expedición de visados son de agosto. Las estadísticas clave del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no se actualizan desde octubre.

Los datos ahora desaparecidos habían ayudado a los investigadores a estudiar los efectos de las distintas políticas. Los abogados podían citar las cifras para apoyar sus litigios. Los periodistas veían en ellas una poderosa herramienta para pedir cuentas al gobierno sobre reclamaciones públicas o para informar sobre tendencias importantes.

“Todos estamos un poco a oscuras sobre cómo funciona exactamente la aplicación de la ley de inmigración en un momento en que está adoptando formas nuevas y sin precedentes”, dijo Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de Estados Unidos del Instituto de Política Migratoria.

El DHS no respondió a preguntas detalladas sobre los motivos por los que dejaba de publicar datos específicos.

“Esta es la Administración más transparente de la historia, publicamos nuevos datos varias veces a la semana y a petición de los periodistas”, dijo el departamento en un comunicado.

Las cifras publicadas por la administración son incoherentes e inverificables.

En un comunicado de prensa del 20 de enero, el DHS dijo que había deportado a más de 675.000 personas desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Un día después, en un segundo comunicado, el departamento situó la cifra en 622.000. En un testimonio ante el Congreso el 4 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la cifra era de 700.000.

Pero ICE, una agencia dentro de DHS, también publica cifras sobre cuántas personas ha sacado del país, parte de una gran publicación de datos ordenada por el Congreso. Un análisis de las cifras realizado por Associated Press cifra en unas 400,000 las personas expulsadas durante el primer año de mandato de Trump.

El DHS ha afirmado que 2.2 millones de personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos han regresado a su país por sus propios medios, pero el departamento no ha dado ninguna explicación sobre el recuento. Los expertos han cuestionado la fuente de esa cifra, diciendo que no es algo que el DHS haya rastreado históricamente.

El departamento no respondió a las preguntas sobre la procedencia de esos datos.

Con las principales fuentes de datos paralizadas, investigadores, defensores y otros han tenido que confiar en la información que la administración está obligada a comunicar o que ha salido a la luz a través de acciones legales.

La publicación de las cifras de detenciones del ICE -cuántas personas están detenidas, durante cuánto tiempo y si han cometido algún delito- es exigida por el Congreso y suele darse a conocer cada dos semanas. Pero la publicación de las cifras ha sufrido algunos retrasos y sus datos se sobrescriben con cada nueva publicación, lo que complica el trabajo de las personas que necesitan acceder a ellos.

El Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, una iniciativa de investigación, consiguió acceder, a través de la Ley de Libertad de Información, a los datos sobre detenciones del ICE, incluidas las nacionalidades, el estado de las condenas y si las detenciones se produjeron en cárceles o en la comunidad.

Graeme Blair, codirector del proyecto, dijo que cada administración ha luchado con la transparencia en la aplicación de la ley de inmigración, y dados los ambiciosos objetivos de aplicación de la administración Trump, el equipo quería asegurar y verificar la información que el gobierno podría no divulgar públicamente.

“Dada la envergadura de lo que decían que iban a hacer, me pareció muy importante poder entender y comprobar esas cifras”, dijo.

Pero hay limitaciones, dijo. Los datos obtenidos a través de la demanda sólo abarcan hasta el 15 de octubre. No cubren operaciones recientes, como la oleada de aplicación de Minneapolis, cuando agentes federales de inmigración dispararon mortalmente a dos manifestantes, lo que provocó manifestaciones generalizadas y el escrutinio de las tácticas de aplicación.

La ausencia de datos es una de las pocas cuestiones que ha suscitado críticas bipartidistas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.