El gobierno del presidente Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que respalde su orden sobre la ciudadanía por nacimiento, declarando que los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.

La apelación, compartida con The Associated Press el sábado, inicia un proceso en el alto tribunal que podría llevar a un fallo definitivo de los jueces a principios del verano sobre si las restricciones de ciudadanía son constitucionales.

Hasta ahora, los jueces de tribunales inferiores han bloqueado su implementación en cualquier lugar. El gobierno republicano no está pidiendo a la corte que permita que las restricciones entren en vigor antes que se emita un fallo.

La petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido compartida con los abogados de las partes que impugnan la orden, pero aún no está registrada en e.

Cualquier decisión sobre si se aceptará o no el caso probablemente se tomará dentro de meses y los argumentos posiblemente serán presentados hasta finales del invierno o principios de la primavera.

“El fallo de los tribunales inferiores invalidó una política de suma importancia para el presidente y su gobierno de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”, escribió el procurador general D. John Sauer. “Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no calificadas”.

Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que representa a los niños que se verán afectados por las restricciones de Trump, dijo que el plan del gobierno es claramente inconstitucional.

“Esta orden ejecutiva es ilegal, punto final, y ninguna cantidad de maniobras por parte del gobierno va a cambiar eso. Continuaremos asegurándonos de que nunca se le quite la ciudadanía a ningún bebé por esta orden cruel y sin sentido”, dijo Wofsy en un correo electrónico.

Trump firmó una orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca que alterará más de 125 años de entendimiento de que la 14ta Enmienda de la Constitución confiere la ciudadanía a todos los nacidos en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y aquellos nacidos de una fuerza ocupante extranjera.

En una serie de decisiones, tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por ser inconstitucional, o probablemente inconstitucional, incluso después de un fallo que el Tribunal Supremo emitió a finales de junio que limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional por parte de los jueces.

Si bien la Corte Suprema limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional, no descartó otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluyendo demandas colectivas y aquellas interpuestas por los estados. Los jueces no decidieron en ese momento si la orden de ciudadanía subyacente es constitucional.

Sin embargo, todos los tribunales inferiores que han analizado el asunto han concluido que la orden de Trump viola o probablemente viola la Decimocuarta Enmienda, cuyo objetivo era garantizar que las personas negras, incluyendo los antiguos esclavos, obtuvieran la ciudadanía.

El gobierno está apelando dos casos.

La Corte Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito en San Francisco dictaminó en julio que un grupo de estados que demandaron por la orden necesitaba una medida cautelar a nivel nacional para evitar los problemas que causará la entrada en vigor de la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunos estados y no en otros.

También en julio, un juez federal de Nueva Hampshire bloqueó la orden de ciudadanía en una demanda colectiva que incluía a todos los niños que se verían afectados.

La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente a toda persona nacida en Estados Unidos en ciudadana estadounidense, incluyendo a los hijos de madres que residen sin autorización legal en el país, según normas de larga data. Este derecho se consagró poco después de la Guerra Civil en la primera frase de la Decimocuarta Enmienda.

El gobierno ha afirmado que los hijos de personas no ciudadanas no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía estadounidense.