El martes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió una orden que bloquea los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), en medio de indicios de que el cierre del gobierno podría terminar pronto y reanudarse los pagos de ayuda alimentaria.

La orden mantiene vigente, al menos por unos días más, una situación caótica. Las personas que dependen del SNAP para alimentar a sus familias en algunos estados han recibido sus asignaciones mensuales completas, mientras que otras no han recibido nada.

La orden expirará justo antes de la medianoche del jueves.

El Senado aprobó un proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno y la Cámara de Representantes podría votarlo tan pronto como el miércoles. La reapertura del gobierno reiniciaría el programa que ayuda a 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos, pero no está claro qué tan pronto se reanudarían los pagos completos.

Los magistrados optaron por lo que en la práctica es el camino de menor resistencia, anticipando que el cierre del gobierno federal terminará pronto y evitando cualquier fallo legal sustantivo sobre si las órdenes de los tribunales inferiores para mantener los pagos completos durante el cierre son correctas.

En algunos estados, los beneficiarios han recibido la totalidad de su asignación mensual, mientras que en otros no han recibido nada. Algunos estados han emitido pagos parciales.

La rapidez con la que los beneficios del SNAP podrían llegar a los beneficiarios, una vez que el gobierno reabra sus actividades, variará según el estado. Sin embargo, los estados y los defensores afirman que es más fácil realizar pagos completos con rapidez que pagos parciales.

Carolyn Vega, analista de políticas del grupo de defensa Share Our Strength, también señaló que podría haber dificultades técnicas para que los estados que han emitido beneficios parciales envíen el monto restante.

En Pensilvania, algunos beneficiarios recibieron el viernes la totalidad de sus beneficios de noviembre. Sin embargo, Jim Malliard, de 41 años y residente de Franklin, afirmó no haber recibido nada hasta el lunes.

Malliard cuida a tiempo completo de su esposa, quien es ciega y ha sufrido varios derrames cerebrales este año, y de su hija adolescente, quien sufrió graves complicaciones médicas tras una cirugía el año pasado.

Esta situación se ha agravado aún más por la suspensión del pago mensual de $350 del programa SNAP que recibía para él, su esposa y su hija. Comentó que solo le quedan $10 en su cuenta y que depende de lo que le queda en la despensa: principalmente arroz y fideos instantáneos.

“He pasado muchas noches en vela, asegurándome de tener todo en orden”, dijo Malliard. “Decir que la ansiedad ha sido mi problema durante las últimas dos semanas es quedarse corto”.

Las disputas políticas en Washington han conmocionado a muchos estadounidenses, y algunos se han sentido impulsados a brindar ayuda.

“Creo que he gastado dinero en cosas más tontas que intentar alimentar a otras personas durante una hambruna provocada”, dijo Ashley Oxenford, una maestra que esta semana instaló una pequeña despensa de alimentos en el jardín de su casa para vecinos vulnerables en Carthage, Nueva York.

El programa SNAP ha sido el centro de una intensa batalla legal.

La administración Trump optó por suspender la financiación del SNAP después de octubre debido al cierre del gobierno. Esta decisión provocó demandas y una serie de fallos judiciales rápidos y contradictorios que abordan el poder gubernamental y afectan el acceso a los alimentos para unos 42 millones de estadounidenses.

La administración acató dos fallos del 31 de octubre emitidos por jueces que dictaminaban que el gobierno debía proporcionar al menos financiación parcial para el SNAP. Finalmente, anunció que los beneficiarios recibirían hasta el 65% de sus beneficios habituales. Sin embargo, la semana pasada se retractó cuando uno de los jueces dictaminó que debía financiar el programa en su totalidad para noviembre, incluso si eso significaba utilizar fondos que, según el gobierno, debían mantenerse para casos de emergencia en otros lugares.

El Tribunal Supremo acordó suspender esa orden.

Un tribunal de apelaciones dictaminó el lunes que se debía reanudar la financiación completa, requisito que debía entrar en vigor el martes por la noche, antes de que la Corte Suprema extendiera la orden que bloqueaba los pagos completos del SNAP.

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes una legislación para reabrir el gobierno federal con un plan que incluiría la reposición de los fondos del SNAP. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, instó a los miembros de la Cámara a regresar a Washington para considerar el acuerdo que un pequeño grupo de senadores demócratas alcanzó con los republicanos.

El presidente Donald Trump no ha dicho si firmará la ley si llega a su despacho, pero declaró a la prensa en la Casa Blanca el domingo que “parece que nos acercamos al fin del cierre”.

Sin embargo, la administración Trump afirmó en un documento presentado ante el Tribunal Supremo el lunes que no debería ser responsabilidad de los tribunales.

“La solución a esta crisis no es que los tribunales federales reasignen recursos sin autorización legal”, declaró el procurador general D. John Sauer en los documentos. La única manera de poner fin a esta crisis —que el Ejecutivo está decidido a resolver— es que el Congreso reabra el gobierno.

La coalición de ciudades y organizaciones sin fines de lucro que impugnó la suspensión del programa SNAP afirmó en una demanda presentada el martes que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), encargado de administrar el programa, es el responsable de la confusión.

“El caos fue provocado por las demoras y la intransigencia del Departamento de Agricultura”, declararon, “no por los esfuerzos del tribunal de distrito para mitigar dicho caos y el daño que ha causado a las familias que necesitan alimentos”.