El Paso— Tropas de Estados Unidos han comenzado a detener directamente a inmigrantes acusados de ingresar sin autorización a una zona de defensa nacional recientemente designada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, en una escalada del papel de cumplimiento de la ley por parte de los militares, dijeron el miércoles las autoridades.

El teniente coronel del Ejército de Estados Unidos, Chad Campbell, describió en detalle las primeras detenciones por parte de las tropas la semana pasada de tres inmigrantes acusados de ingresar sin autorización en una zona de defensa nacional cerca de Santa Teresa, Nuevo México.

Esos inmigrantes fueron entregados rápidamente al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y ahora se encuentran entre los más de 1,400 inmigrantes que han sido acusados de ingresar ilegalmente a áreas militarizadas a lo largo de esa frontera, bajo una nueva estrategia de control fronterizo de la administración del presidente Trump.

Las tropas tienen prohibido llevar a cabo el cumplimiento de la ley civil en territorio estadounidense en virtud de la Ley Posse Comitatus. Pero una excepción conocida como la doctrina del propósito militar lo permite en algunos casos.

Las autoridades “se percataron de que tres personas cruzaban la barrera de protección hacia Estados Unidos”, dijo Campbell. “Una respuesta del Departamento de Defensa fue interceptar a esas tres personas, les dijo que se sentaran. ... En cuestión de tres minutos, agentes de la patrulla fronteriza entraron para detenerlos. Así que esos tres minutos son esa detención temporal” por parte de los militares.

Trump ha designado dos áreas militares de defensa nacional a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos para Nuevo México y un tramo de 60 millas al oeste de Texas, desde El Paso hasta Fort Hancock, mientras que transfirió gran parte del terreno del Departamento del Interior a la supervisión del Departamento de Defensa durante tres años.

La administración de Trump planea eventualmente agregar más zonas militarizadas a lo largo de la frontera, dijo el miércoles un portavoz militar en una conferencia de prensa en El Paso.

“Hemos sido muy claros en que habrá áreas de defensa nacional adicionales en toda la frontera sur”, dijo Geoffrey Carmichael, portavoz de un grupo de trabajo de control en la frontera sur. “No voy a especular sobre dónde van a estar”.

Los defensores de las zonas militarizadas, incluidos los fiscales federales, dicen que el enfoque aumenta los esfuerzos tradicionales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y otras agencias de aplicación de la ley para asegurar la frontera.

“Estas asociaciones y consecuencias existen para que podamos promover el entorno fronterizo más humano que jamás hayamos tenido”, dijo el agente jefe del sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza, Walter Slosar. “Estamos disuadiendo a las personas de ingresar al ciclo de contrabando... para asegurarnos de que los contrabandistas no puedan aprovecharse de las personas que intentan ingresar a Estados Unidos”.

Los abogados defensores, y los jueces en algunos casos, están rechazando la nueva aplicación de cargos de seguridad nacional contra los inmigrantes que ingresan a través de esas zonas militarizadas, y conllevan una posible sentencia de 18 meses de prisión además de una posible sentencia de seis meses por ingreso ilegal.

Un juez en Nuevo México ha desestimado más de 100 cargos de seguridad nacional contra inmigrantes, al encontrar poca evidencia de que los inmigrantes conocieran las áreas de defensa nacional. Esos inmigrantes aún enfrentaron cargos de ingreso ilegal a Estados Unidos.

En Texas, una mujer peruana que cruzó ilegalmente la frontera de Estados Unidos fue absuelta de acceso no autorizado a una zona militarizada recientemente designada en el primer juicio bajo los esfuerzos de la administración del presidente Trump.

El fiscal de Estados Unidos, Justin Simmons, quien supervisa el oeste de Texas, prometió seguir adelante con más cargos militares por invasión.

“Vamos a seguir adelante con estos cargos de NDA”, dijo Simmons. “Vamos a seguir presentándolos, podemos ganar con ellos, puede que no. ... Al final del día, no se le permitirá permanecer en este país si ingresa ilegalmente a este país”.

Una mayor participación militar en la frontera se produce al mismo tiempo que docenas de alcaldes de toda la región de Los Ángeles se unieron el miércoles para exigir que la administración de Trump detenga las redadas de inmigración intensificadas que han sembrado el miedo en sus ciudades y provocado protestas en todo Estados Unidos.

Donald Trump ha autorizado el despliegue de 2,000 miembros adicionales de la Guardia Nacional para responder a las protestas de inmigración en Los Ángeles. Esa directiva eleva el número total de la Guardia puesto en órdenes federales para las protestas a más de 4,100.

El Pentágono ya había desplegado a unos 700 infantes de marina en las protestas en la ciudad.

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