Washington - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el jueves que planea reclasificar ciertos créditos fiscales reembolsables como “prestaciones públicas federales”, lo que impedirá que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluso si presentan y pagan impuestos y, de otro modo, cumplirían los requisitos.

Los expertos fiscales señalan que quienes fueron llevados a Estados Unidos de forma ilegal por sus padres cuando eran menores —conocidos como beneficiarios de DACA, o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— y los migrantes con estatus de protección temporal son los más susceptibles de verse afectados por la propuesta. La situación de los trabajadores extranjeros y los titulares de visas de estudiante, así como de algunas familias cuyos hijos tienen la nacionalidad estadounidense, dependería de la redacción de la norma, afirman.

El anuncio del Departamento del Tesoro fue el último indicio de cómo la administración del presidente Donald Trump ha adoptado un enfoque “integral de gobierno” en lo relativo a la aplicación de la ley migratoria y busca en todos los departamentos federales, no solo en Seguridad Nacional, formas de ayudar a cumplir la agenda migratoria del mandatario.

El Tesoro indicó en su anuncio que planea elaborar nuevas normas que afecten las partes reembolsadas de ciertos créditos fiscales sobre la renta de las personas físicas, incluidos beneficios relacionados con el trabajo, los hijos o el ahorro.

La nueva normativa redefiniría los créditos fiscales como “prestaciones públicas federales” en el contexto de la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo de 1996. Como resultado, muchos migrantes con permiso de trabajo en el país ya no podrán acogerse a esos beneficios.

Según el Instituto de Tributación y Política Económica, los migrantes que no cuentan con la documentación reglamentaria y pagan impuestos no suelen poder optar a los mismos beneficios fiscales que los ciudadanos estadounidenses, a pesar de que este grupo aportó casi 100.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022.

Por ejemplo, las personas en situación irregular no tienen derecho a las prestaciones de jubilación del Seguro Social o al seguro de salud de Medicare, a pesar de que contribuyen con miles de millones de dólares a los impuestos federales sobre los salarios que financian esos beneficios.

Los críticos señalaron que el cambio es una forma de atacar a los migrantes dentro de las políticas de Trump.

“Es una idea terrible e injusta negar beneficios fiscales a personas que han pagado impuestos y son elegibles para ellos debido a su estatus migratorio”, dijo Daniel Costa, director de Investigación de Leyes y Políticas de Inmigración en el Instituto de Política Económica.

“La aplicación (de la medida) requerirá determinar quién tiene estatus y quién no, lo cual es otra forma en que el gobierno de Trump ampliará su red de deportaciones”, agregó.

Se espera que la regulación definitiva se aplique a partir del año fiscal 2026. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que “estamos haciendo cumplir la ley y evitando que los extranjeros en situación irregular reclamen beneficios fiscales destinados a ciudadanos estadounidenses”. El Tesoro pidió al Departamento de Justicia una reinterpretación de la normativa para elaborar la nueva ley, indicó la agencia.

Carl Davis, director de investigación del Instituto de Tributación y Política Económica, apuntó que dado que quienes no cuentan con un permiso de trabajo ya no califican para estos beneficios, “las personas que realmente se verán afectadas son aquellas que realmente están tratando de hacer lo correcto, las personas autorizadas a trabajar y que pagan sus impuestos”.

Según Davis, la Casa Blanca estaría tratando de dificultar la vida de los migrantes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Brandon DeBot, director de política del Centro de Derecho Tributario de NYU, explicó en un comunicado que la reinterpretación de la ley por parte del Tesoro para elaborar una nueva normativa para los créditos fiscales “anula disposiciones muy claras del código tributario”.

«Denegar los créditos fiscales a las familias migrantes requiere que el Congreso actúe de forma explícita», afirmó DeBot.

Davis dijo que probablemente la normativa no tendría un respaldo mayoritario en el Congreso, lo que habría podido llevar al gobierno a actuar unilateralmente en el tema.

“En general, la población estadounidense simpatiza con los dreamers y los beneficiarios de DACA. Atacarlos de esta forma indirecta no es un cambio de política que hubiera tenido apoyo mayoritario en el Congreso”, afirmó.