Ginebra- Un panel de expertos independientes respaldado por la ONU y centrado en la discriminación racial dice que el discurso de odio racista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes políticos estadounidenses, junto con la represión de la inmigración en Estados Unidos, han dado lugar a “graves violaciones de los derechos humanos.”

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, con sede en Ginebra, emitió su decisión el miércoles e instó a Estados Unidos a suspender las operaciones de control de la inmigración en escuelas, hospitales e instituciones religiosas y en sus inmediaciones.

La decisión, adoptada en virtud del protocolo de alerta temprana del comité, no es jurídicamente vinculante, pero pretende que un país -en este caso, Estados Unidos- cumpla sus propios compromisos internacionales.

La comisión también se mostró “profundamente preocupada” por el uso de un lenguaje despectivo y deshumanizador en torno a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Los miembros del Comité atribuyeron el aumento de la discriminación racial a la “incitación al odio racista” contra estos grupos, pero no aportaron datos concretos. Además del discurso, también preocupan las repercusiones de que políticos y otras figuras públicas utilicen los estereotipos como arma para incitar a los delitos de odio y a la discriminación.

“Retratarlos como delincuentes o como una carga, por parte de políticos y figuras públicas influyentes del más alto nivel, en particular el Presidente”, afirmó el comité en un comunicado de prensa, “puede incitar a la discriminación racial y a los delitos de odio”.

Trump, así como los presidentes Joe Biden y Barack Obama, han estado en el cargo cuando la ONU condenó el racismo sistémico, el odio y la discriminación. Pero esta vez el panel citó específicamente el discurso de Trump como parte del problema. No señalaron a Biden ni a Obama por su retórica.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, junto con el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, también fueron señalados por elaborar perfiles raciales de personas de color y realizar controles de identidad que a menudo parecían arbitrarios.

“Esta evaluación de Naciones Unidas es tan inútil como su escalera mecánica rota, y su extrema parcialidad sigue demostrando por qué nadie les toma en serio”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, quien destacó el trabajo de Trump para reducir el crimen y asegurar la frontera de Estados Unidos. “A nadie le importa lo que piensen los “expertos” de las Naciones Unidas, porque los estadounidenses viven en un país más seguro y fuerte que nunca”, añadió.

En el informe, el comité alega que Estados Unidos no está cumpliendo sus obligaciones como parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que la ONU adoptó en 1965. El informe señalaba que los incidentes con “métodos discriminatorios, peligrosos y violentos” han dejado ocho muertos en los últimos tres meses, entre ellos Alex Pretti y Renee Good, dos ciudadanos estadounidenses que protestaban en Minnesota. Pretti y Good murieron en sendos tiroteos a manos de agentes federales durante la Operación Metro Surge.

El uso de fuerza letal en esos dos casos equivalía a “privación arbitraria de la vida y otras violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos”, declaró el grupo de expertos.

Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo detenidos también merecen un trato humano y equitativo, libre de discriminación, en virtud de la Convención. Sin embargo, a estos grupos se les han negado servicios básicos esenciales, como la atención sanitaria, la educación y el apoyo social, afirma el informe.

La comisión pide a Estados Unidos que revise si sus políticas de inmigración respetan la legislación internacional sobre derechos humanos. Esto debería incluir la suspensión de las operaciones de control de la inmigración, incluso en torno a escuelas, instituciones religiosas y hospitales, la derogación de “medidas discriminatorias” relacionadas con los procedimientos de asilo y el establecimiento de salvaguardias para que las agencias de inmigración no puedan acceder a los datos personales de las bases de datos gubernamentales.

Sin embargo, no está claro si la ONU podría realmente hacer cumplir estas propuestas.

No es la primera vez que el panel critica a Estados Unidos por el racismo y la discriminación. Lo hizo en 2014, tras las protestas generalizadas de Black Lives Matter por la muerte a tiros de la policía de Michael Brown y otras víctimas, y de nuevo en 2020 tras el asesinato de George Floyd.

También en 2020, otro órgano de derechos humanos de la ONU escuchó argumentos similares de un relator especial sobre racismo, discriminación y xenofobia contemporáneos.

La administración Trump ha hecho de las deportaciones masivas una parte clave de su programa para el segundo mandato y ha lanzado una oleada de restricciones a la inmigración y un refuerzo de la aplicación de la ley en múltiples ciudades de todo el país. La represión ha dado lugar a un aumento de las detenciones de inmigrantes y a una creciente preocupación por parte de los críticos sobre las tácticas que la administración está utilizando tanto en la detención como en la aplicación de la ley.

La administración ha aducido motivos económicos y de seguridad para justificar la represión.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial cuenta entre sus miembros con 18 expertos independientes de todo el mundo, que supervisan la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Estados Unidos ratificó la Convención en 1994.