Nueva York— La solicitud del presidente estadounidense Donald Trump de añadir un requisito de prueba documental de ciudadanía al formulario federal de registro de votantes no puede ser aplicada, falló el viernes una jueza federal.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, D. C., falló a favor de los grupos demócratas y de derechos civiles que demandaron al gobierno de Trump por su orden ejecutiva para reformar las elecciones en Estados Unidos.

La jueza dictaminó que la directriz de prueba de ciudadanía es una violación inconstitucional de la separación de poderes, asestando un golpe al gobierno federal y sus aliados, quienes han argumentado que tal mandato es necesario para restaurar la confianza pública de que sólo los estadounidenses están votando en las elecciones de Estados Unidos.

“Debido a que nuestra Constitución asigna la responsabilidad de la regulación electoral a los estados y al Congreso, este tribunal sostiene que el presidente carece de la autoridad para ordenar tales cambios”, escribió Kollar-Kotelly en su opinión.

Kollar-Kotelly repitió comentarios que hizo cuando concedió un interdicto preliminar sobre el tema.

El fallo otorga a los demandantes un juicio sumario parcial que prohíbe que el requisito de prueba de ciudadanía entre en vigor. Dice que la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, que ha estado considerando añadir el requisito al formulario federal de votantes, tiene prohibido permanentemente tomar medidas para hacerlo.

La demanda presentada por el Comité Nacional Demócrata y varios grupos de derechos civiles continuará desarrollándose para permitir que la jueza considere otras impugnaciones al decreto de Trump. Eso incluye un requisito de que todas las boletas enviadas por correo sean recibidas para el día de las elecciones, y que no sólo el matasellos tenga la fecha del día de las elecciones.

Otras demandas contra la orden ejecutiva electoral de Trump están en curso.

A principios de abril, 19 fiscales generales estatales demócratas pidieron a un tribunal federal separado que rechazara el decreto de Trump. Washington y Oregon, donde prácticamente toda la votación se realiza con boletas enviadas por correo, entablaron luego su propia demanda contra el decreto.