La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una nueva política de pena de muerte que reintroduce el pelotón de fusilamiento como método de ejecución y reactiva el protocolo de inyección letal, con el objetivo de agilizar los casos de ejecuciones pendientes en el sistema.

El Departamento de Justicia federal indicó, en declaraciones escritas, que “actuó para restablecer su solemne deber de solicitar, obtener e implementar sentencias capitales conforme a la ley, allanando el camino para las ejecuciones una vez los reos sentenciados a muerte agoten sus apelaciones”.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante el primer mandato de Trump, la ampliación del protocolo para incluir otros métodos de ejecución como el pelotón de fusilamiento, y la agilización de los procesos internos para los casos de pena de muerte.

Según la agencia dirigida por el fiscal general interino Todd Blanche luego de la salida de Pam Bondi a principios de mes, estas acciones son fundamentales para “disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar cierre, largamente esperado, a sus familiares sobrevivientes”.

“La administración anterior falló en su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, afirmó Blanche. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas”, añadió.

En su primer día en el cargo, Trump ordenó a Justicia federal priorizar las solicitudes de pena de muerte en los casos apropiados, ejecutar dichas sentencias de manera oportuna y fortalecer el uso de la pena capital. Desde entonces, la agencia asegura que ha tomado acciones sostenidas para implementar esa directriz.

En medio del polémico cambio, que ya ha generado controversia, el gobierno de Trump criticó la postura que adoptó el exfiscal general Merrick Garland cuando dirigió Justicia federal bajo la administración del expresidente Joe Biden, al sostener que debilitó el protocolo para los casos de pena de muerte.

Para la administración de Trump, el gobierno de Biden se apartó significativamente de lo tradicional y causó “un daño incalculable a la seguridad pública” al imponer una moratoria en las ejecuciones por un análisis “defectuoso” que sostenía que la inyección letal con pentobarbital causaba dolor y sufrimiento innecesario.

El pentobarbital o nembutal es un fármaco barbitúrico de acción corta sintetizado en 1928, usado principalmente como sedante, hipnótico para el insomnio a corto plazo, anticonvulsivo en emergencias y en anestesia veterinaria. Actúa deprimiendo el sistema nervioso central e induce el sueño.

En su análisis sobre las ejecutorias de la pasada administración, Justicia federal señaló que hubo muchas denegatorias de solicitudes de pena de muerte en casos graves, incluso cuando fiscales favorecían dicho método para violadores y asesinos de menores, sospechosos de tiroteos masivos con motivos raciales y asesinos de agentes, testigos o informantes.

Además, el gobierno de Trump acusó a la administración Biden de abandonar procesos capitales previamente autorizados por fiscales generales y en litigio activo, en contra de los pedidos de las familias de las víctimas y de funcionarios de la propia agencia.

A estas críticas se suma la recomendación que presuntamente recibió el entonces presidente Biden para conmutar las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos del corredor de la muerte federal, sin consultar a todas las familias de las víctimas.

En el caso de Puerto Rico, el gobierno federal anunció recientemente que no buscará la pena de muerte para los cinco acusados de asesinar al sargento Eliezer Ramos Vélez el 29 de marzo de 2024, en los predios del residencial público Sabana Abajo en Carolina.

Además, Justicia decidió, por segunda vez, no solicitar la pena de muerte contra el supuesto exnarcotraficante Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”, y varios de sus presuntos cómplices, según una moción presentada el 31 de marzo ante el Tribunal federal.

Estos casos se enmarcan en el contexto de la política federal sobre la pena de muerte.

En ese sentido, Justicia federal, señalando las fallas que atribuye a la pasada administración, aseguró que bajo la actual dirección de Trump y de Blanche existe un compromiso “con corregir estas acciones y restablecer la aplicación legal de la pena de muerte”.

Con ese objetivo, se anunció la revocación de la moratoria impuesta durante el gobierno de Biden.

Al presente, el gobierno ha solicitado la pena capital contra 44 acusados, incluyendo tres miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador (dos de ellos inmigrantes indocumentados), acusados de asesinar a un testigo federal.

Justicia federal afirmó, además, que adoptó una serie de medidas dirigidas a reforzar la seguridad pública y la justicia para las víctimas. Entre estas, publicó el informe “Restaurando y fortaleciendo la pena de muerte federal”, en el que concluye que el uso del pentobarbital es compatible con la Octava Enmienda.

Asimismo, ordenó al Negociado Federal de Prisiones reinstaurar el protocolo de ejecución de la primera administración Trump, basado en la inyección letal con pentobarbital, y amplió dicho protocolo para incluir otros métodos como el pelotón de fusilamiento.

La agencia también dispuso evaluar la reubicación o ampliación del corredor de la muerte federal, o la construcción de una nueva instalación de ejecución, además de instruir la elaboración de una propuesta legislativa integral para someter ante el Congreso.

En las próximas semanas, Justicia federal evaluará nuevas medidas, entre ellas reglas para agilizar la revisión de casos capitales en tribunales federales y restricciones a los procesos de clemencia para condenados a muerte hasta concluir sus apelaciones.

Puedes ver la nueva política actualizada aquí.