Fiscales federales entregaron el martes seis citaciones judiciales a funcionarios de Minnesota como parte de una investigación sobre si obstruyeron o impidieron acciones de agentes federales durante una operación migratoria en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, informó una persona familiarizada con el asunto.

Las citaciones, que solicitan archivos, fueron enviadas a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her y funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, indicó la fuente.

La persona no estaba autorizada para discutir públicamente una investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las citaciones están relacionadas con una investigación sobre si los funcionarios de Minnesota obstruyeron la aplicación de la ley de inmigración federal mediante declaraciones públicas que hicieron, indicaron el viernes dos personas familiarizadas con el asunto. Dijeron entonces que se centraba en la posible violación de un estatuto sobre conspiración.

Walz y Frey, ambos demócratas, han calificado la investigación como una táctica de intimidación destinada a amenazar a la oposición política. La oficina de Frey recibió la orden de presentar una larga lista de archivos ante un jurado investigador el 3 de febrero que incluyan “cooperación o falta de cooperación con las agencias policiales federales” y “cualquier registro que tienda a mostrar una negativa a ayudar a los funcionarios de inmigración”.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde la gente teme que las agencias policiales federales se utilicen para politiquería o para reprimir voces locales con las que no están de acuerdo”, comentó Frey.

Her, una inmigrante de filiación demócrata, también admitió que recibió una citación, diciendo que está “impasible ante estas tácticas”. La oficina del gobernador remitió a los periodistas a un comunicado dado a conocer horas antes el martes, en el que señaló que el gobierno federal no busca justicia, sino crear distracciones.

El gobierno instó el día anterior a un juez a rechazar los intentos por frenar el aumento de las operaciones migratorias que han estremecido a Minneapolis y St. Paul durante semanas.

El Departamento de Justicia calificó la demanda, presentada poco después del homicidio de Renee Good a manos de un agente de inmigración, como “frívola”.

“En pocas palabras, Minnesota quiere un veto sobre la aplicación de la ley federal”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

Ellison señaló que el gobierno está violando la libertad de expresión y otros derechos constitucionales con sus redadas. Describió a los agentes armados como mal entrenados y dijo que la “invasión” debe cesar.

La demanda presentada el 12 de enero pide una orden para detener o limitar la acción policial. De momento se desconoce cuándo es que la jueza Katherine Menendez tomará una decisión.

Ilan Wurman, quien enseña derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, duda que los argumentos del estado tengan éxito.

“No hay duda de que la ley federal es suprema sobre la ley estatal, que la aplicación de la ley de inmigración está dentro del poder del gobierno federal, y que el presidente, dentro de los límites legales, puede asignar más recursos federales a los estados que han sido menos cooperativos en ese espacio de aplicación que otros estados”, dijo Wurman a The Associated Press.

Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza que ha estado al frente de la ofensiva migratoria en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, aseguró que más de 10,000 personas que están sin permiso legal en el país han sido arrestadas en Minnesota durante el último año, incluidos 3,000 “de algunos de los delincuentes más peligrosos” en las últimas seis semanas de la Operación Metro Surge.

No entró en detalles, aunque destacó la captura de tres personas originarias de Laos, Guatemala y Honduras que tienen antecedentes penales.

“Estas no son violaciones técnicas. Como lo mencioné, se trata de individuos responsables de daños graves”, declaró Bovino en una conferencia de prensa.

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Derecho de Inmigrantes de Minnesota, expresó su frustración porque los activistas no tienen forma de saber si las cifras de arrestos del gobierno y las descripciones de las personas bajo custodia son precisas.

“Estamos hablando de personas reales, de las que potencialmente no tenemos idea de lo que les está sucediendo”, indicó Decker.

Good, de 37 años, fue asesinada el 7 de enero mientras movía su vehículo, que había estado bloqueando una calle de Minneapolis donde operaban efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Funcionarios del gobierno de Trump dicen que el agente Jonathan Ross le disparó en defensa propia, aunque los videos del encuentro muestran que el vehículo de Good se alejaba lentamente de él.

Desde entonces, el público ha confrontado en repetidas ocasiones a los agentes, haciendo sonar silbatos y gritándoles insultos a agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza. Éstos, a su vez, han utilizado gas lacrimógeno e irritantes químicos contra los manifestantes. Los transeúntes han grabado videos de agentes migratorios usando un ariete para entrar en una casa, rompiendo ventanas de vehículos y sacando a personas de los autos.

Bovino defendió a sus “tropas” y afirmó que sus acciones son “legales, éticas y morales”.

“Lo que vemos cuando la gente es atrapada, como dices, a menudo son agitadores, como alborotadores, y ahora los llamo anarquistas”, dijo a los periodistas, no “ciudadanos comunes”.

La policía de la región, mientras tanto, denunció que agentes de la ley fuera de servicio han sido encasillados racialmente por agentes federales y detenidos sin causa. El jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, dijo que ha recibido quejas de residentes que son ciudadanos estadounidenses, incluidos sus propios policías.