Treinta y siete días después de haberse alcanzado un acuerdo en el caso federal en Puerto Rico, Isabela Herrera, hija del convicto banquero venezolano Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, donó $1 millón al comité MAGA Inc.

El donativo más reciente se recibió el 22 de julio de 2025, casi siete meses después que aportara $2.5 millones, el 31 de diciembre de 2024, al mismo comité político, creado, en 2022, por aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así se desprende de un análisis publicado este mes por el diario The New York Times, que examina donativos realizados por grupos afines a Trump y su posible vinculación con acciones oficiales adoptadas por el republicano desde su llegada a la Casa Blanca.

En agosto de 2022, Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente federal Mark Rossini fueron acusados por un gran jurado por un supuesto esquema de soborno que involucraba la campaña electoral de la exmandataria en 2020.

Todos enfrentaban cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Sin embargo, Herrera Velutini también enfrentaba cargos que se relacionaban con un esquema de soborno distinto.

La Comisión de Elecciones Federales (FEC, en inglés), entidad en la que deben registrarse los comités de acción política y reportar sus respectivos donativos, registra la aportación de $1 millón de Herrera a Maga Inc. (Make America Great Again).

Este comité de acción política fue creado, en 2022, por aliados del presidente con el propósito de recaudar fondos para respaldar sus actividades políticas y las del Partido Republicano, de cara a la campaña electoral en la que Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris.

“Isabela Herrera donó inicialmente $2.5 millones a MAGA Inc. a finales de 2024, cuando su padre, Julio Herrera Velutini, un banquero venezolano-italiano, enfrentaba cargos federales por intentar sobornar al gobernador de Puerto Rico en 2020″, dice el reporte emitido por The New York Times.

“En mayo, un alto funcionario del Departamento de Justicia designado por Trump autorizó un acuerdo de culpabilidad por un delito menor para cerrar el caso, anulando a los fiscales de carrera que habían presionado por una sentencia más severa”, agrega.

Asimismo, el análisis establece que, “en julio, la señora Herrera donó otro millón de dólares a MAGA Inc”.

Previamente, un portavoz del Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en inglés) afirmó a dicho diario que la decisión sobre el caso no se relaciona con las donaciones políticas.

La investigación periodística revela que, en términos generales, el equipo del presidente Trump recaudó más de $100 millones para un super PAC en la segunda mitad de 2025, “y gran parte del dinero provino de personas adineradas y corporaciones con asuntos pendientes ante la administración”.

Para enfrentar el proceso judicial, Herrera Velutini contrató a una batería de abogados, entre los que se distingue Christopher Kise, uno de los principales representantes legales de Trump, quien representó al presidente estadounidense en el desestimado caso criminal por el manejo ilegal de documentos clasificados, así como en el caso civil por fraude al que se enfrentó en Nueva York, relacionado con sus compañías.

No obstante, tras una reunión con altos funcionarios del DOJ en Washington D.C., los coacusados y la Fiscalía federal alcanzaron un acuerdo para evitar el juicio, pautado para el mes de agosto. La moción sobre el acuerdo fue sometida el 16 de junio de 2025.

Como resultado, se presentó una nueva acusación que comprende un solo cargo por un delito menor bajo la Ley federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés), relacionado, presuntamente, con la aceptación y/o promesa de aportaciones de un extranjero para una campaña política en Estados Unidos.

A raíz de esta nueva acusación, los coacusados se declararon culpables, en agosto, ante la jueza federal Silvia Carreño Coll. Actualmente, esperan por las vistas de sentencias, pautadas para este año.

“De manera sorprendente, la pena por violar la Sección 30121 de la Ley FECA es una mera palmadita en la mano en comparación con las sentencias que hubiesen enfrentado de haber sido encontrados culpables mediante el pliego original”, dijo Carreño Coll en una orden de cuatro páginas que emitió en julio.

“Pero la decisión del gobierno de cambiar el rumbo en el último momento está permitida porque, en última instancia, es el gobierno quien decide cómo va a ejercer su discreción procesal”, agregó la togada, quien mencionó que “se presume” que el acuerdo se alcanzó “siguiendo directrices emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

No obstante, la defensa de Vázquez Garced radicó, en agosto, una moción en la que afirmó que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía federal respondía a la existencia de “nueva evidencia contundente y exculpatoria” y no a “presiones políticas”.

“Durante todo el proceso, el gobierno nunca sugirió presión externa ni capitulación renuente. En cambio, sus escritos describen consistentemente negociaciones voluntarias y profesionales -un lenguaje fundamentalmente incompatible con cualquier sugerencia de órdenes desde Washington”, añadió la defensa de la exgobernadora en aquel momento.

La acusación inicial sostenía que, presuntamente, Vázquez Garced, Herrera Velutini, propietario de Bancrédito; Rossini, y otras personas no acusadas formalmente participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora presuntamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de la OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.