Greenbelt, Maryland, Estados Unidos - Jueces federales en dos estados considerarán el viernes los recursos al trato dispensado por el gobierno de Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea a El Salvador impulsó la oposición a la política migratoria del presidente Donald Trump y a su agenda de deportaciones masivas.

En Maryland, Ábrego García ha impugnado los esfuerzos para volver a deportarlo a un tercer país después de que el gobierno admitió que una orden previa impide su expulsión a su país de origen, El Salvador. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicó recientemente que planea enviarlo a Esuatini, un país del sur de África.

La jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó a funcionarios gubernamentales que declaren sobre las medidas que se han tomado para trasladar a Ábrego García a otro país. Sus abogados dijeron el viernes antes de la audiencia que el gobierno de Trump les notificó un nuevo plan para deportarlo a Ghana después de haber señalado anteriormente que querían enviarlo a Esuatini.

Sin embargo, un funcionario del ICE le dijo a la jueza en la audiencia del viernes que el gobierno mencionó prematuramente que Ghana era un posible destino, y que continuaban hablando con funcionarios en Esuatini sobre enviarlo allí.

Ábrego García podría ser expulsado en 72 horas si la jueza lo permite y una vez que el gobierno reciba la aprobación de un tercer país, dijo John Schultz, subdirector asistente que ayuda a supervisar las expulsiones para el ICE.

“Podríamos operacionalizar rápidamente la expulsión”, dijo Schultz.

Los abogados de Ábrego García acusaron al gobierno republicano de intentar usar ilegalmente el sistema migratorio para castigar a Ábrego García tras la embarazosa situación con su deportación errónea.

Por otra parte, sus abogados han presentado alegaciones similares ante la corte penal de Tennessee por los cargos de tráfico de personas presentados contra Ábrego García en junio, el mismo día en que fue devuelto a Estados Unidos desde El Salvador. El juez de Tennessee concluyó que el proceso contra Ábrego García podría ser una represalia ilegal tras el éxito de su demanda contra el gobierno de Trump por su deportación.

Los cargos de tráfico de personas se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022. En aquel momento no fue acusado y las autoridades no comenzaron a investigar el incidente sino hasta principios de este año después de que su esposa impugnara su deportación.

En una audiencia efectuada el viernes en Nashville, el juez federal de distrito Waverly Crenshaw dijo que, el 3 de noviembre, escuchará pruebas sobre la moción para desestimar los cargos.

Además, los abogados defensores dijeron que tienen la intención de presentar una moción para solicitar que se eliminen del acta de acusación las declaraciones no relacionadas con los cargos de tráfico de personas. La abogada Jenna Dabbs mencionó las acusaciones de que su cliente es miembro de la pandilla MS-13 como un ejemplo de las imputaciones extrínsecas que no son relevantes para los cargos reales.

Los funcionarios del gobierno de Trump han llevado a cabo una implacable campaña pública contra Ábrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13, entre otras cosas, a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito.