Boston — Un juez federal en Boston considerará el jueves una moción que requeriría que la administración de Donald Trump continúe financiando el programa de ayuda alimentaria SNAP a pesar del cierre del gobierno.

La audiencia ante la jueza de distrito de Estados Unidos, Indira Talwani, se produce dos días antes de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos planee congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria porque, según dijo, no puede seguir financiándolo debido al cierre.

El programa atiende a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses y es una pieza importante de la red de seguridad social de la nación. La noticia en octubre de que sería una baja del cierre el 1 de noviembre hizo que los estados, los bancos de alimentos y los receptores de SNAP se apresuraran a encontrar la manera de asegurar los alimentos. Algunos estados dijeron que gastarían sus fondos para mantener en funcionamiento versiones del programa.

El programa cuesta alrededor de $8,000 millones por mes.

La administración dijo que no se le permitía usar un fondo de contingencia con alrededor de $5,000 millones para el programa, lo que revirtió un plan del USDA de antes del cierre que decía que ese dinero se utilizaría para mantener a SNAP en funcionamiento. Los fiscales generales o gobernadores demócratas de 25 estados, así como el Distrito de Columbia, que impugnaron el plan de la administración argumentaron que no solo se podía usar ese dinero, sino que debía serlo. También dijeron que se podría utilizar un fondo separado con alrededor de $23,000 millones.

En su demanda, los demandantes argumentaron que no mantener la financiación de SNAP era ilegal, arbitrario y caprichoso, y les causaría un daño irreparable. También dijeron que cortar los beneficios ‘causaría el deterioro de la salud pública y el bienestar’ de los beneficiarios, y que esos costos serían asumidos por los estados.

‘Con la suspensión de los beneficios de SNAP, las necesidades nutricionales de millones de niños en edad escolar en los estados demandantes no se satisfarán’, escribieron los demandantes. ‘Los niños hambrientos tienen más dificultades para prestar atención, comportarse y aprender en la escuela. Los estados tendrán que dedicar recursos estatales adicionales, incluidos gastos de atención médica y recursos educativos adicionales, para abordar estos desafíos’.

Los demandantes también argumentaron que más de 100,000 comerciantes en sus estados que dependen de los beneficiarios de SNAP se verían perjudicados.

‘Con las próximas vacaciones de Acción de Gracias, según información y creencia, muchos de estos minoristas habrán comprado una mayor cantidad de alimentos e inventario para satisfacer la demanda de las vacaciones’, escribieron. ‘Sin fondos de SNAP, los beneficiarios de SNAP no podrán frecuentar a los minoristas, lo que causará una pérdida significativa de ingresos, un aumento en el desperdicio de alimentos y un impacto negativo en las economías de los estados demandantes en general’.

No estaba claro de inmediato qué tan rápido se podrían recargar las tarjetas de débito que los beneficiarios usan para comprar alimentos después del fallo. Ese proceso a menudo toma de una a dos semanas.

Para calificar para SNAP en 2025, el ingreso neto de una familia de cuatro no puede exceder la línea de pobreza federal, que es de aproximadamente $31,000 por año. El año pasado, SNAP brindó asistencia a 41 millones de personas, casi dos tercios de las cuales eran familias con niños, según la demanda.