Un juez federal en Rhode Island ordenó el jueves a la administración del presidente Donald Trump encontrar los fondos necesarios para financiar por completo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) correspondientes a noviembre.

El juez de distrito de Estados Unidos John J. McConnell Jr. dio a la administración de Trump hasta el viernes para realizar los pagos a través del SNAP, aunque es poco probable que los 42 millones de estadounidenses —aproximadamente uno de cada ocho— vean el dinero reflejado tan rápido en las tarjetas de débito que utilizan para comprar alimentos.

La orden responde a una demanda presentada por ciudades y organizaciones sin fines de lucro que alegan que el gobierno solo planeaba cubrir el 65% del beneficio máximo, una decisión que dejaría a algunos beneficiarios sin recibir nada este mes.

“Los demandados no consideraron las consecuencias prácticas de su decisión de financiar solo parcialmente el SNAP”, dijo McConnell. “Sabían que habría una larga demora en el pago parcial de los beneficios y no tomaron en cuenta los daños que sufrirían las personas que dependen de ellos”.

McConnell fue uno de los dos jueces que dictaminaron la semana pasada que la administración no podía omitir por completo los beneficios de noviembre debido al cierre parcial del gobierno federal.

Las decisiones judiciales de la semana pasada ordenaron al gobierno utilizar un fondo de reserva de emergencia con 4,600 millones de dólares para pagar el SNAP de noviembre, pero le permitieron recurrir a otros recursos para cubrir el total de los pagos, que ascienden a entre 8,500 y 9,000 millones de dólares cada mes.

El lunes, la administración dijo que no usaría fondos adicionales, argumentando que correspondía al Congreso asignar el dinero para el programa.

Al día siguiente, Trump pareció amenazar con no pagar los beneficios en absoluto a menos que los demócratas en el Congreso aceptaran reabrir el gobierno. Su secretaria de prensa aclaró más tarde que los pagos parciales se estaban realizando para noviembre y que los beneficios futuros estarían en riesgo si el cierre continuaba.

El miércoles por la noche, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que administra el programa, informó en una presentación ante el tribunal federal de Rhode Island que, tras un nuevo análisis, había determinado que el beneficio máximo sería del 65% del monto habitual.

Durante una visita el jueves por la mañana al Banco de Alimentos del Gran Boston, en Massachusetts, la gobernadora demócrata Maura Healey criticó los mensajes contradictorios del gobierno de Trump.

“Vamos, ¿en serio?”, dijo Healey. “¿Van a financiar parcialmente la comida para los estadounidenses? ¿Van a dejar que la gente pase hambre?”