El juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, accedió el viernes a detener temporalmente las órdenes que obligarían al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) de Elon Musk a divulgar públicamente información sobre sus operaciones.

La orden se produjo después de que la administración de Donald Trump apelara al Tribunal Supremo en una demanda presentada contra DOGE por un grupo de vigilancia gubernamental.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington argumenta que DOGE, que ha sido fundamental en el impulso del presidente Donald Trump para remodelar el gobierno, es una agencia federal y debe estar sujeta a la Ley de Libertad de Información.

Pero la administración Trump dice que DOGE es solo un órgano asesor presidencial destinado a erradicar el desperdicio, el fraude y el abuso en el gobierno federal, lo que lo haría exento de las solicitudes de documentos bajo FOIA.

CREW demandó en febrero, alegando que DOGE “ejerce un poder asombrosamente amplio” sin transparencia sobre sus acciones. El juez de distrito de los Estados Unidos, Christopher Cooper, encontró que su papel es probablemente más que solo asesor, señalando afirmaciones de ayudar a cerrar USAID y recortar miles de millones de dólares en contratos gubernamentales.

Cooper había ordenado a DOGE que entregara documentos y que la administradora interina de DOGE, Amy Gleason, respondiera preguntas bajo juramento antes del 13 de junio.

El procurador general D. John Sauer calificó las órdenes de Cooper como “extraordinariamente amplias e intrusivas”.

El caso es el último de una serie de apelaciones de emergencia presentadas ante el Tribunal Supremo después de que tribunales inferiores bloquearon partes de la amplia agenda de Trump.