Una jueza federal bloqueó parcialmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del gobierno del presidente Donald Trump en el área de Chicago, pero su fallo del jueves no entró en aspectos específicos.

La jueza federal April Perry no entró en detalles de ninguna orden ni indicó qué parte de la solicitud estaba concediendo. Prometió más detalles para el viernes.

La demanda fue presentada el lunes por la ciudad de Chicago y el estado de Illinois para detener los despliegues de miembros de la Guardia de Illinois y Texas. Algunos soldados ya se encontraban resguardando un edificio de inmigración en Broadview, un suburbio de Chicago, cuando Perry escuchó los argumentos el jueves.

El edificio ha sido escenario de enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes.

Perry dijo que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) están arraigadas en gran medida en la “animosidad hacia los funcionarios electos de Illinois” por parte de Trump. Expresó escepticismo en torno a la caracterización del gobierno federal de las protestas en Broadview.

“La narrativa de los eventos por parte del DHS simplemente es poco confiable”, subrayó.

La ciudad y el estado han dicho que los despliegues son innecesarios e ilegales, mientras que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y otros funcionarios locales se han opuesto firmemente al uso de la Guardia. En un documento judicial, la ciudad y el estado dijeron que las protestas en el centro de detención temporal para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en Broadview “nunca han estado cerca de frenar la aplicación de las leyes federales de inmigración”.

Mientras tanto, Trump ha retratado a Chicago como un “infierno” fuera de la ley, a pesar de que las estadísticas demuestran una disminución significativa en los índices delictivos en la ciudad.

El abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, afirmó en el tribunal que la misión de la Guardia sería proteger propiedades federales y a los agentes del gobierno en el campo, no “resolver todo el crimen en Chicago”.

La Ley Posse Comitatus, promulgada hace casi 150 años, limita el papel del ejército en la aplicación de las leyes en territorio nacional. Sin embargo, Trump ha dicho que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección —la cual permite que el presidente ordene el envío de militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o desafían la ley federal.

La gran afluencia de público al tribunal obligó a las autoridades a abrir una sala adicional con una transmisión de video de la audiencia. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, estuvo sentado en una esquina de la sala.

Christopher Wells, de la fiscalía estatal, dijo que ciudadanos estadounidenses han sido detenidos temporalmente como parte de la ofensiva migratoria de Trump. Reconoció que el presidente tiene el poder de desplegar a la Guardia, “pero ese poder no es ilimitado”.

También el jueves, un tribunal federal de apelaciones escuchó argumentos sobre si Trump tenía la autoridad para tomar el control de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregon. El presidente tenía planeado su despliegue en Portland, donde ha habido protestas, en su mayoría pequeñas, fuera de un edificio del ICE.

Una jueza otorgó el domingo una orden de restricción temporal que bloquea la medida. Trump había movilizado tropas de California hacia Portland apenas unas horas después de que la jueza le impidiera por primera vez emplear a la Guardia de Oregon.

Alrededor de otra veintena de estados con secretarios de Justicia o gobernadores demócratas firmaron un documento judicial en apoyo a la impugnación legal de California y Oregon. Otros veinte, encabezados por Iowa, expresaron su respaldo al gobierno de Trump.

Trump había enviado previamente a tropas a Los Ángeles y Washington. En Memphis, Tennessee, el alcalde Paul Young dijo que los militares comenzarían a patrullar el viernes. El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, apoya esa función.

La jefa de policía Cerelyn “CJ” Davis dijo que tiene previsto que la Guardia sea utilizada para dirigir el tráfico y tener presencia en los corredores comerciales, pero no para puntos de control o funciones similares.

Añadió que no quiere que Memphis “sienta que hay una militarización excesiva en nuestras comunidades”.

California impugnó hace unos meses el uso agresivo de la Guardia por parte del gobierno federal, ganando y perdiendo una serie de decisiones judiciales mientras se oponía a la política del despliegue en Los Ángeles, donde protegieron edificios federales y a agentes de inmigración.

Un juez determinó en septiembre que el despliegue era ilegal. Para ese momento, solo 300 de los miles de soldados permanecían en la ciudad. El magistrado no ordenó que se retiraran. El gobierno tomó medidas posteriormente para enviarlas a Oregon.