Miami - Una jueza de Florida bloqueó temporalmente el martes la transferencia prevista de terrenos privilegiados en el centro de Miami para la futura biblioteca presidencial de Donald Trump.

La medida de la jueza de circuito Mavel Ruiz se produjo después de que un activista de Miami alegara que funcionarios de una universidad local violaron la ley de gobierno abierto de Florida cuando regalaron la considerable parcela de bienes raíces al estado, que luego votó para transferirla a la fundación para la biblioteca prevista.

“Esta no es una decisión fácil”, dijo Mavel el martes al explicar su fallo desde el estrado, y determinó que la universidad no dio al público un aviso razonable antes de la votación del mes pasado.

“Este no es un caso, al menos para este tribunal, arraigado en la política”, añadió.

La propiedad de casi 1.2 hectáreas (3 acres) es el sueño de un promotor y está valorada en más de $67 millones, según una tasación de 2025 del tasador de propiedades del condado de Miami-Dade. Un experto en bienes raíces apostó a que la parcela —uno de los últimos lotes sin urbanizar en un tramo emblemático del arbolado bulevar Biscayne— podría venderse por cientos de millones de dólares más.

Marvin Dunn, activista y cronista de la historia negra local, presentó este mes una demanda en un tribunal del condado de Miami-Dade contra la Junta de Síndicos del Miami Dade College, una escuela estatal dueña de la propiedad. Alegó que la junta violó la ley de Gobierno al Sol de Florida al no dar aviso suficiente de su reunión especial del 23 de septiembre, cuando votó a favor de ceder el terreno.

Un orden del día publicado antes de la reunión simplemente indicaba que la junta consideraría la posibilidad de ceder la propiedad a un fondo estatal supervisado por el gobernador republicano Ron DeSantis y el gabinete de Florida, pero no proporcionaba detalles sobre qué terreno se estaba considerando ni por qué. A diferencia de todas las demás reuniones que la junta ha celebrado este año, la reunión de las 8 de la mañana del 23 de septiembre no se transmitió en directo.

Una semana después, DeSantis y otros altos funcionarios del partido republicano votaron a favor de transferir el terreno de nuevo, poniendo efectivamente la propiedad bajo el control de la familia Trump cuando la cedieron a la fundación para la biblioteca de Trump. Esa fundación está dirigida por tres fideicomisarios: Eric Trump, el marido de Tiffany Trump, Michael Boulos, y el abogado del presidente James Kiley.

Jesús Suárez, abogado de la universidad, argumentó que MDC hizo lo que se exigía por ley y cuestionó las motivaciones políticas de Dunn para presentar el caso.

“La ley de Florida no exige que se especifique la notificación, porque esos fideicomisarios pueden entrar en esa sala y hablar entre sí de lo que deseen”, dijo Suárez.

Los abogados de Dunn sostienen que nadie que no estuviera ya al tanto del acuerdo podría haber sabido lo que iba a hacer la junta.

“El pueblo tiene derecho a saber lo que van a decidir hacer cuando la transacción es tan significativa, tan inusual y priva a los estudiantes y a la universidad de este terreno”, dijo el abogado del demandante Richard Brodsky, en declaraciones a The Associated Press antes de la decisión del juez.

Javier Ley-Soto, asesor general del Miami Dade College, testificó que todavía está en proceso de finalizar la transferencia del terreno. Los retrasos causados por una orden judicial podrían costarle a la universidad hasta $300,000, estimó.

Otros lugares de Florida se habían propuesto anteriormente como emplazamientos para la biblioteca, incluidas propiedades asociadas a la Florida Atlantic University en Boca Ratón y la Florida International University en los suburbios de Miami. DeSantis firmó este año un proyecto de ley que impide a los gobiernos locales bloquear el desarrollo de una biblioteca presidencial, con el objetivo de anular la posible oposición en condados o municipios de tendencia liberal.