Un juez federal en California ordenó al gobierno de Donald Trump detener las investigaciones en nueve estados sobre si personas que no son ciudadanas estadounidenses están registradas para votar.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Araceli Martínez-Olguín, en Oakland, determinó que los esfuerzos del gobierno se basan en datos plagados de errores y que están provocando intimidación contra grupos que realizan labores de asistencia electoral. Indicó que las investigaciones deben detenerse hasta que cierren los centros de votación el día de las elecciones, el 3 de noviembre.

La jueza suspendió hasta el viernes la entrada en vigor de su decisión, emitida el miércoles, para dar a la administración la oportunidad de apelar.

La decisión aplica a las investigaciones en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

El fallo se produce mientras el gobierno de Trump ha estado buscando votantes que no son ciudadanos estadounidenses en todo el país durante los meses previos a las elecciones de medio término. La administración ha dado a entender que se trata de un problema importante, cuando en realidad es bastante poco frecuente, como han demostrado incluso sus propias investigaciones.

La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California (California Nurses Association) y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.

En respuesta al fallo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió el jueves una declaración por correo electrónico en la que afirmó que su enfoque está en “expulsar a extranjeros que votan y diluyen los votos de los ciudadanos estadounidenses”. Añadió: “No tenemos planes de interrogar ni investigar a personas que creemos que son ciudadanos estadounidenses”.

Según documentos judiciales del caso, se indicó a los investigadores que se enfocaran en ciudadanos naturalizados para determinar si habían votado antes de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Las listas de votantes que debían verificar provenían de fuentes que incluían gobiernos estatales y locales, así como información disponible públicamente. Martínez-Olguín las describió como “voluminosas y poco confiables”.

“Incluso en las mejores condiciones, existe una alta probabilidad de error durante la revisión porque no hay una base de datos federal que contenga el estatus de ciudadanía de los residentes de Estados Unidos”, escribió Martínez-Olguín en su decisión. “Las limitaciones de tiempo impuestas durante la fase intensiva agravan aún más el riesgo de error”.

El Departamento de Justicia ha exigido a los estados datos detallados y sin tachaduras de sus registros electorales y ha demandado a los 30 estados que se han negado a entregarlos. Hasta el momento, ha perdido todos esos casos. La jueza señaló que, en el caso de los estados que se negaron a compartir sus registros, la administración intentaba obtenerlos mediante “versiones comerciales poco confiables de los datos de los registros electorales”.

Indicó que, durante una fase de “intensificación” de la investigación que comenzó a finales de agosto, se ordenó a los agentes completar las revisiones de las personas señaladas en un plazo máximo de 12 minutos por persona para determinar si cumplían los requisitos legales para votar.

En su impugnación, los demandantes señalaron que algunos ciudadanos estadounidenses sentían que habían sido identificados e investigados erróneamente como parte de la pesquisa. Martínez-Olguín dijo que esos temores “se entienden claramente como intimidación” y que han disuadido a algunas personas de asistir a actos de campaña y trabajar como observadores electorales durante los comicios.

Beau Tremitiere, abogado que representa a los sindicatos y al grupo de defensa del voto, dijo en una declaración que el fallo respalda la posición de las organizaciones.

“Desde el principio quedó claro que el Departamento de Seguridad Nacional elaboró sus listas con datos deficientes, nunca verificó con qué frecuencia eran incorrectos y envió imprudentemente a agentes a las casas de las personas semanas antes de unas elecciones”, dijo Tremitiere.

Los detalles de la investigación, conocida como la “Iniciativa contra el Voto Ilegal” (“Unlawful Voter Initiative”), salieron a la luz el mes pasado, después de que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y el senador demócrata Alex Padilla, de California, publicaran un informe de un denunciante sobre el asunto.