Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitaron el lunes la ciudad más grande de Carolina del Norte para escuchar a familiares de víctimas de delitos violentos que solicitaron políticas de justicia penal más duras, a raíz del apuñalamiento mortal el mes pasado de una refugiada ucraniana en un tren de cercanías de Charlotte.

Un subcomité judicial se reunió en Charlotte para escuchar a numerosos oradores que describieron lo que consideran fallos en los sistemas judiciales locales de Carolina del Norte y Carolina del Sur, que —según ellos— no han logrado proteger al público ni mantener a los acusados bajo custodia mientras esperan juicio.

La audiencia fue motivada por el apuñalamiento mortal, el 22 de agosto, de Iryna Zarutska en un vagón de tren ligero, y la posterior detención de un sospechoso con más de una docena de arrestos previos.

“El mismo sistema que le falló a Mary le falló a Iryna. Nuestros corazones están rotos por su familia y sus amigos, y nos afligimos con ellos”, dijo Mia Alderman, abuela de Mary Santina Collins, víctima de un asesinato en 2020 en Charlotte. Alderman señaló que los acusados en el caso de su nieta aún no han sido juzgados. “Necesitamos rendición de cuentas. Necesitamos reforma. Necesitamos asegurar que aquellos acusados de crímenes atroces sean procesados rápidamente”.

Un magistrado había permitido que el acusado en el caso del tren, Decarlos Brown Jr., quedara en libertad tras un cargo menor en enero, bajo una promesa de comparecencia y sin fianza. Actualmente, Brown enfrenta cargos de asesinato en primer grado en una corte estatal y un cargo federal por la muerte de Zarutska. Ambos delitos podrían ser castigados con la pena de muerte.

La indignación pública aumentó tras la difusión de un video de seguridad que muestra el ataque, lo que provocó críticas de figuras republicanas, incluido el expresidente Donald Trump, quienes acusaron a los líderes demócratas en Charlotte y en el estado de priorizar a los criminales por encima de las víctimas. Por su parte, los demócratas del comité argumentaron que han sido los republicanos quienes han recortado fondos para el control del crimen o no han financiado suficientes fiscales y servicios de salud mental.

“La audiencia para mí no se trata realmente de seguridad pública”, dijo la representante demócrata Alma Adams, quien representa la mayor parte de Charlotte. “Se trata de que mis colegas intenten pintar a los demócratas como blandos con el crimen —y no lo somos— y participen en teatro político, probablemente para obtener algunos titulares”.

Dena King, exfiscal federal para el oeste de Carolina del Norte durante la administración de Joe Biden, testificó que el condado de Mecklenburg, que incluye a Charlotte, necesita docenas de fiscales adicionales para servir a sus 1.2 millones de residentes. Un estadístico criminal indicó que las tasas de asesinatos y crímenes violentos están disminuyendo tanto en Charlotte como a nivel nacional, tras aumentos registrados a inicios de la década de 2020.

En respuesta, los republicanos criticaron a los demócratas, asegurando que fondos adicionales no habrían evitado la muerte de Zarutska ni la de otras víctimas destacadas durante la audiencia. También pusieron en duda la precisión de las cifras del crimen, calificándolas de engañosas.

“No es tiempo para política. No es tiempo para hablar de razas ni de partidos. Es tiempo de justicia”, dijo el representante republicano Ralph Norman, de Carolina del Sur, quien representa parte de los suburbios de Charlotte. Habló mientras sostenía un cartel con una imagen del video que mostraba a Zarutska y su atacante, lo cual fue protestado por la representante Adams.

En respuesta al asesinato de Zarutska, la legislatura de Carolina del Norte, controlada por los republicanos, aprobó la semana pasada un paquete de reformas de justicia penal. Las medidas incluyen la prohibición de la fianza sin efectivo en muchas circunstancias, límites a la discreción de magistrados y jueces para conceder libertad previa al juicio, y mayores evaluaciones de salud mental para los acusados. El proyecto de ley ahora está en el escritorio del gobernador demócrata Josh Stein para su revisión.

Los republicanos del comité también defendieron la necesidad de políticas de fianza más restrictivas y fiscales que no retiren cargos por crímenes violentos.

Otro orador, Steve Federico, residente de los suburbios de Charlotte, exigió justicia para su hija de 22 años, Logan, quien fue asesinada a tiros en mayo en una casa en Columbia, Carolina del Sur, mientras visitaba a amigos. El sospechoso enfrentaba casi 40 cargos previos en la última década, según informó WIS-TV.

“No voy a quedarme callado hasta que alguien ayude. Logan merece ser escuchada”, dijo Federico a los representantes. “Todos en este panel merecen ser escuchados. Y lo haremos, créanme”.