Luisiana está llevando a cabo una causa penal contra otro médico de fuera del estado acusado de enviar píldoras abortivas por correo a una paciente en el estado, según revelan documentos judiciales presentados este mes.

Una orden de arresto contra un médico de California es una acusación poco común de violar una de las prohibiciones estatales del aborto que entró en vigor desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó “Roe v Wade” en 2022 y permitió su aplicación.

Representa un frente adicional en una creciente batalla legal entre los estados liberales y conservadores sobre la prescripción de medicamentos para el aborto a través de la telemedicina y su envío por correo a las pacientes.

Las píldoras son la forma más común de acceder a los abortos en Estados Unidos, y son una de las principales razones por las que, a pesar de las prohibiciones, el número de abortos aumentó el año pasado, según un informe.

Luisiana dijo en una causa judicial presentada el 19 de septiembre que había emitido una orden de arresto contra un médico con sede en California que, según dice, proporcionó píldoras a una mujer de Luisiana en 2023.

Tanto la mujer, Rosalie Markezich, como el fiscal general del estado, pretenden formar parte de una demanda que pretende ordenar a los reguladores de medicamentos que prohíban las prescripciones de telemedicina de mifepristona, uno de los dos fármacos que suelen utilizarse en combinación para los abortos con medicamentos.

En documentos judiciales, Markezich dice que su novio en ese momento utilizó su dirección de correo electrónico para pedir medicamentos al Dr. Remy Coeytaux, un médico de California, y le envió $150, que ella remitió a Coeytaux. Dijo que no tuvo ningún otro contacto con el médico.

Dijo que no quería tomar las píldoras, pero se sintió obligada a hacerlo y dijo en la presentación que ‘el trauma de mi aborto químico todavía me persigue’ y que no habría sucedido si las prescripciones de telemedicina del medicamento estuvieran prohibidas.

La acusación se basa en una posición adoptada por los grupos antiabortistas: que permitir que las píldoras abortivas se prescriban por teléfono o videollamada y se rellenen por correo abre la puerta a que las mujeres sean coaccionadas a tomarlas.

“Rosalie está representando valientemente a muchas mujeres que son víctimas de la conducta ilegal, inmoral y poco ética de estos traficantes de drogas”, dijo en un comunicado la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill.

La oficina de Murrill no respondió inmediatamente a las preguntas sobre los cargos que enfrenta Coeytaux, o cuándo se emitió la orden. Pero bajo la prohibición estatal de los abortos en todas las etapas del embarazo, los médicos condenados por proporcionar abortos se enfrentan a hasta 15 años de prisión y $200,000 en multas.

Coeytaux también es objeto de una demanda presentada en julio en un tribunal federal por un hombre de Texas que dice que el médico proporcionó ilegalmente a su novia píldoras abortivas.

Coeytaux no respondió inmediatamente a los correos electrónicos ni a un mensaje telefónico.

La combinación de una causa penal en Luisiana y una causa civil en Texas sobre píldoras abortivas también se está desarrollando en torno a una doctora de Nueva York, Margaret Carpenter. Las autoridades de Nueva York se niegan a extraditar a la Dra. Carpenter a Luisiana o a hacer cumplir para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, la sentencia civil de $100,000 en su contra.

En el caso de Luisiana, los funcionarios dijeron que la madre de una menor embarazada solicitó la medicación para el aborto en línea y ordenó a su hija que la tomara. La madre fue arrestada, se declaró inocente y fue puesta en libertad bajo fianza.

Los funcionarios de Nueva York citan una ley allí que busca proteger a los proveedores médicos que prescriben medicamentos para el aborto a pacientes en estados con prohibiciones de aborto, o donde tales prescripciones por telemedicina violan la ley.

Nueva York y California se encuentran entre los ocho estados que tienen leyes de protección con tales disposiciones, según un recuento del Guttmacher Institute, una organización de investigación que apoya los derechos al aborto.

Las presentaciones legales que revelaron el cargo de Luisiana contra Coeytaux son parte de un esfuerzo para que Luisiana, junto con Florida y Texas, se unan a una demanda presentada el año pasado por los fiscales generales republicanos de Idaho, Kansas y Missouri para hacer retroceder las aprobaciones federales para la mifepristona.

Este año, tanto Luisiana como Texas han adoptado leyes para atacar a los proveedores de píldoras abortivas de fuera del estado.

La ley de Luisiana permite a las pacientes que reciben abortos demandar a los proveedores y a otros. La ley de Texas va más allá y permite a cualquiera demandar a quienes prescriban tales píldoras en el estado.

Tanto el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. como el Comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos Marty Makary han dicho que están llevando a cabo una revisión completa de la seguridad y eficacia de la mifepristona.

El aborto con medicamentos ha estado disponible en Estados Unidos desde 2000, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el uso de la mifepristona.