Un alto funcionario del Departamento de Estado que fue despedido como redactor de discursos durante el primer mandato del presidente Donald Trump y que ha hecho declaraciones incendiarias en el pasado fue nombrado para dirigir el asediado Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en ingles).

La medida para nombrar a Darren Beattie como el nuevo presidente interino del instituto es considerada como el más reciente paso en los esfuerzos del gobierno para desmantelar la asediada organización, fundada como un grupo de expertos independiente y sin fines de lucro. Está financiada por el Congreso para promover la paz y prevenir y poner fin a los conflictos en todo el mundo. La batalla se libra actualmente en los tribunales.

Beattie, que actualmente se desempeña como subsecretario de diplomacia pública del Departamento de Estado y continuará ejerciendo esa función, fue despedido en el primer mandato de Trump después de que CNN informara que había hablado en una conferencia de 2016 a la que asistieron supremacistas blancos. Defendió el discurso que pronunció afirmando que no era objetable.

Beattie, un exacadémico que enseñó en la Universidad de Duke, también fundó un sitio web de derecha donde compartía teorías conspirativas sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, y tiene un largo historial de publicar declaraciones incendiarias en las redes sociales.

“Los hombres blancos competentes deben estar a cargo si quieres que las cosas funcionen”, escribió en octubre de 2024. “Desafortunadamente, toda nuestra ideología nacional se basa en mimar los sentimientos de mujeres y minorías, y desmoralizar a los hombres blancos competentes”.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó el nombramiento de Beattie por parte de la junta directiva del USIP, integrada actualmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otros funcionarios. “Esperamos verlo avanzar en la agenda de Estados Unidos Primero del presidente Trump en esta nueva función”, dijeron.

El USIP ha estado envuelto en problemas desde que Trump tomó medidas para desmantelarlo poco después de asumir el cargo como parte de su esfuerzo para reducir el tamaño del gobierno federal y eliminar agencias independientes.

El mandatario emitió una orden ejecutiva en febrero que apuntaba al cierre de la organización y de otras tres agencias. El primer intento del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), anteriormente bajo el mando del multimillonario tecnológico Elon Musk, de tomar el control de su sede, produjo un dramático enfrentamiento.

Miembros del grupo de Musk regresaron días después con el FBI y la Policía Metropolitana de Washington, D.C., para ayudarlos a ingresar.

El gobierno despidió a la mayoría de la junta del instituto, a lo que siguió el despido masivo de casi todos sus 300 empleados en lo que llamaron “la masacre del viernes por la noche”.

En marzo, el instituto y muchos de sus miembros de la junta demandaron al gobierno de Trump buscando evitar su remoción y evitar que el DOGE tomara el control de sus operaciones. Ese fin de semana, el DOGE transfirió la supervisión administrativa de la sede y los activos de la organización a la Administración de Servicios Generales.

La jueza de distrito Beryl A. Howell anuló esas acciones en mayo y concluyó que Trump había excedido su autoridad al despedir a la junta y a su presidente interino y que, por lo tanto, todas las acciones subsiguientes también eran nulas.

Su fallo permitió que el instituto recuperara el control de su sede, en una infrecuente victoria para las agencias y organizaciones que han quedado atrapadas en la reducción de tamaño del gobierno de Trump. Los empleados fueron recontratados, aunque muchos no regresaron al trabajo debido a la complejidad del reinicio de las operaciones.

Sin embargo, recibieron órdenes de despido por segunda vez después de que un tribunal de apelaciones suspendiera la orden de Howell.

Más recientemente, la Corte Federal de Apelaciones del Circuito de D.C. negó la solicitud del Instituto de Paz de Estados Unidos para una audiencia ante el pleno del tribunal para levantar la suspensión impuesta en junio por un panel de tres jueces. Esa suspensión llevó a la organización a devolver su sede al gobierno de Trump.

En un comunicado, George Foote, exabogado del instituto, dijo que el nombramiento de Beattie “va en contra de los valores que conforman el núcleo del trabajo del USIP y del compromiso de Estados Unidos de trabajar respetuosamente con socios internacionales” y también lo calificó de “ilegal, de conformidad con la decisión del 19 de mayo de la jueza Howell”.

“Estamos comprometidos a defender esa decisión contra la apelación del gobierno. Confiamos en que tendremos éxito con base en los méritos de nuestro caso, y esperamos que el USIP reanude su trabajo esencial en Washington, D. C. y en zonas de conflicto alrededor del mundo”, afirmó.