La fiscalía general de Nuevo México presentó el miércoles una demanda contra el abogado y el contador de Jeffrey Epstein, a quienes acusa de encubrir su red de tráfico sexual en un extenso rancho donde el desacreditado financiero solía recibir invitados.

La demanda busca impedir que el abogado Darren Indyke y el contador Richard Kahn reciban pagos del patrimonio de Epstein, valorado en más de 100 millones de dólares.

Indyke trabajó como abogado de Epstein durante aproximadamente dos décadas. Tanto él como Kahn han declarado ante el Congreso que desconocían los abusos cometidos por Epstein, aunque el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, tiene una opinión diferente.

Torrez afirmó que Indyke y Kahn “se beneficiarían considerablemente” del patrimonio de Epstein si un tribunal no interviene.

“Esos recursos deberían estar legítimamente en manos de las sobrevivientes”, dijo Torrez, en referencia a las víctimas de los abusos de Epstein.

Epstein se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York, donde esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

La expareja y estrecha colaboradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable en 2021 de cargos de tráfico sexual en Nueva York. Durante el juicio de Maxwell, los testimonios de testigos señalaron que ella y Epstein habían abusado sexualmente de mujeres en el rancho de Nuevo México.

Epstein compró el rancho en Stanley, Nuevo México, una comunidad ganadera escasamente poblada situada a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Santa Fe, en 1993. Allí construyó una mansión de 26.700 pies cuadrados (unos 2.480 metros cuadrados), con un amplio patio central, una sala de estar aproximadamente del tamaño de una vivienda estadounidense promedio, una pista de aterrizaje privada y un helipuerto.

Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, aunque la oficina del fiscal general estatal confirmó en 2019 que estaba investigando el caso y que tenía previsto remitir sus conclusiones a las autoridades federales en Nueva York. Hector Balderas, quien ocupaba entonces el cargo de fiscal general, afirmó que las leyes obsoletas del estado no habían logrado proteger a los menores de los abusos.

Torrez reabrió la investigación estatal este año. En agosto, demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que acusó de impedir que el estado investigara presuntos delitos sexuales cometidos en el rancho. La demanda señaló que los fiscales estatales habían enfrentado una «resistencia sostenida» para acceder al intercambio de información que suele ser habitual entre investigadores estatales y federales.

El Departamento de Justicia afirmó que no divulgaría parte de la información solicitada por el estado para evitar revelar datos que permitieran identificar a las víctimas.

También en agosto, una comisión creada por legisladores estatales para investigar las denuncias y determinar si las autoridades locales hicieron la vista gorda publicó un informe de 119 páginas. El documento concluyó que las autoridades remitieron reiteradamente el asunto a investigaciones en Nueva York, Palm Beach, Florida, y las Islas Vírgenes, mientras los delitos de Epstein en Nuevo México quedaron sin investigar ni castigar.

El rancho fue vendido en 2023 por el patrimonio de Epstein, y los ingresos se destinaron a pagar a los acreedores. La propiedad fue adquirida por la familia de Don Huffines, un republicano nombrado recientemente contralor de Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.