Albuquerque, Nuevo México - A pesar de estar luchando contra la epidemia de drogas más mortífera de la historia de Estados Unidos, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas inglés) permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México entre 2023 y 2025, según tres agentes actuales y antiguos de la DEA y documentos oficiales revisados por The Associated Press.

Los agentes de la DEA vigilaron en repetidas ocasiones los envíos de pastillas de fentanilo —aunque no los incautaron— mientras los fiscales federales intentaban presentar causas penales de mayor envergadura contra los traficantes de un opioide sintético que la Casa Blanca calificó el año pasado como “arma de destrucción masiva”.

Sin embargo, agentes y expertos afirmaron que esta táctica equivalía a una apuesta arriesgada en materia de seguridad pública que ponía potencialmente en peligro a las comunidades de Albuquerque y sus alrededores, y que podría haber infringido las normas del Departamento federal de Justicia destinadas a proteger a la ciudadanía.

“Envenenamos a nuestra comunidad para conseguir casos”, declaró el agente especial de la DEA David Howell a la AP en una serie de entrevistas realizadas en Nuevo México. “Gracias a nuestra propia ceguera deliberada, podemos decir: ‘En realidad no sabemos qué pasó con las drogas’. Pero somos responsables al 100 % de la muerte de esas personas”.

La DEA lleva mucho tiempo sosteniendo que no sería factible incautar todos y cada uno de los envíos de todas las drogas. Sin embargo, la estrategia de permitir que llegaran a las calles cantidades astronómicas de analgésicos falsificados ha conmocionado a varios agentes veteranos que han hablado con la AP.

Limpiar las calles del fentanilo ilícito, fabricado principalmente en laboratorios mexicanos, se convirtió en la máxima prioridad de la DEA durante la última década, a medida que se disparaban las muertes por sobredosis. Al mismo tiempo, su letalidad —unos pocos miligramos pueden matar a un adulto medio— trastocó las tácticas de probada eficacia que se habían utilizado para combatir drogas como la cocaína y la heroína. Entre esos métodos se incluía permitir que se completaran las transacciones de droga para que los agentes pudieran seguir el rastro de los narcóticos a lo largo de la cadena de suministro. Sin embargo, el fentanilo es tan peligroso que el Departamento de Justicia elaboró unas directrices para los agentes en tales circunstancias, animándoles a incautar el opioide siempre que fuera “factible”.

Albuquerque, que cuenta con un barrio tan asolado por las drogas que se conoce como “War Zone”, y otras regiones de Nuevo México siguen siendo el epicentro de la epidemia de fentanilo. Aunque las muertes por sobredosis a nivel nacional descendieron un 14% el año pasado, los datos del gobierno muestran que Nuevo México registró un aumento del 21%.

Alex Uballez, que ocupó el cargo de fiscal federal en Nuevo México desde 2022 hasta el año pasado, afirmó que, en ocasiones, las autoridades permitían que no se incautaran los envíos de droga como parte de una estrategia más amplia para recabar información y preparar casos contra los principales narcotraficantes. Afirmó que este enfoque reflejaba los recursos limitados de su oficina y su convicción de que procesar a las organizaciones más grandes puede tener un impacto mayor que interceptar cada transacción sospechosa de drogas.

El año pasado, la DEA llevó a cabo en Albuquerque la mayor incautación de fentanilo de su historia.

“Merece la pena pescar los peces más grandes”, dijo Uballez, “y eso salvará más vidas”.

La DEA afirmó en un comunicado que “las decisiones de investigación en cuestión fueron legales, razonables dadas las circunstancias y coherentes con las directrices del Departamento”.

“Las afirmaciones públicas que sugieren que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan de manera fundamental los hechos”, escribió la portavoz de la DEA, Amanda Wozniak, en un correo electrónico. Afirmó que las investigaciones incluyeron escuchas telefónicas autorizadas por un tribunal “en las que agentes y fiscales llevaron a cabo vigilancia en tiempo real, recopilación de información y análisis operativo dirigidos contra grandes organizaciones de tráfico de drogas”.

En algunos casos, la DEA disponía de información tan detallada sobre los envíos de droga que los agentes podían calcular con precisión el número de pastillas, según los informes revisados por la AP.

Los agentes, por ejemplo, descifraron conversaciones codificadas a través de teléfonos móviles y vigilaron de cerca una transacción en un parque de casas móviles de Albuquerque en junio de 2023, según un informe de 66 páginas al que ha tenido acceso la AP. Los agentes indicaron en el informe que los traficantes entregaron 74,000 pastillas como parte de ese acuerdo, una cifra que los fiscales federales confirmaron posteriormente en un escrito judicial.

Unos días antes, según revelaba otro informe de la DEA, los investigadores observaron cómo esa misma red de distribución entregaba una rueda de repuesto en la que se ocultaba otro presunto alijo de fentanilo que, del mismo modo, no fue incautado.

“No hicimos nada, solo nos quedamos de brazos cruzados mirando”, afirmó Howell, quien presentó una denuncia oficial como denunciante en 2023 para llamar la atención sobre lo que, en su opinión, era una táctica que ponía en peligro la seguridad pública.

Pasaron varios meses antes de que las autoridades federales detuvieran a los traficantes, y Howell, que participó en la vigilancia, afirmó que las autoridades no pueden dar cuenta hoy de los envíos que no fueron incautados.

“Es indignante poner en peligro tantas vidas con la esperanza de conseguir un caso sonado”, afirmó Tristan Leavitt, presidente de Empower Oversight, una organización de defensa de los denunciantes que ha solicitado a la Comisión Judicial del Senado y a la Oficina del Inspector General del Ministerio de Justicia que investiguen las denuncias de Howell.

Un antiguo supervisor de la DEA, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, afirmó que él y sus colegas de Albuquerque permitieron que “millones” de pastillas no fueran incautadas durante una investigación llevada a cabo en varios estados el año pasado.

Howell denunció en sus declaraciones como denunciante que los agentes encargados de ese caso permitieron la entrega de al menos 1.8 millones de pastillas de fentanilo.

Según explicaron a la AP el antiguo supervisor y Howell, esa investigación culminó con la mayor incautación de fentanilo de la historia de la DEA, una operación anunciada en mayo de 2025 por la entonces fiscal general Pam Bondi, que se saldó con la incautación de más de 3 millones de pastillas.

“La cantidad que finalmente incautamos llegaba a las calles cada mes mientras se tramitaba ese caso”, afirmó el antiguo supervisor, y añadió que la DEA podría haber desmantelado la organización seis meses antes.

La Fiscalía Federal de Albuquerque no respondió a las preguntas sobre los envíos de fentanilo no incautados, pero, en una declaración a la AP, afirmó que la “conducta” que Howell sacó a la luz tuvo lugar durante la administración anterior.

“La actual dirección de esta oficina se centra en investigar y perseguir enérgicamente el tráfico de fentanilo, así como en desarticular las organizaciones criminales responsables de la distribución de estas drogas”, escribió Tessa DuBerry, portavoz de la oficina, en un correo electrónico.

Uballez, el ex fiscal federal, afirmó que las estimaciones sobre el número de pastillas “basadas en llamadas telefónicas interceptadas no son fiables”.

“No creo que pueda negar que se “dejen pasar” las drogas”, afirmó, refiriéndose a la táctica policial que consiste en no incautar el contrabando para facilitar una investigación. “En qué medida y con qué frecuencia —y con qué grado de certeza— es algo increíblemente difícil de responder a posteriori".

A medida que las sobredosis de fentanilo se convirtieron en una epidemia durante la última década, el Departamento de Justicia de EE. UU. elaboró un plan de acción interno para combatir la droga más letal que jamás haya cruzado la frontera con México. Este plan coincidió con una campaña publicitaria que advertía a los estadounidenses de que “una pastilla puede matar”, una iniciativa de la DEA destinada a poner de relieve los peligros específicos del fentanilo.

Aprobados en 2017, los “Protocolos sobre el fentanilo” del departamento, de dos páginas, instaban a los agentes a “incautar o impedir de cualquier otra forma la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera posible”. Las normas, que no se habían hecho públicas anteriormente, establecían que “la protección de la seguridad pública es primordial”, independientemente de si las incautaciones comprometen las investigaciones.

El Departamento de Justicia modificó la normativa en 2024 para otorgar a las fuerzas del orden mayor discrecionalidad en este tipo de casos. Los protocolos actualizados establecen que los investigadores “podrán ejercer su discrecionalidad a la hora de determinar si deben tomar medidas para impedir el tráfico de fentanilo”, sopesando los riesgos para la seguridad pública frente a “los beneficios que se obtendrían al preservar la investigación”.

La DEA rara vez recurre a la táctica de no incautar drogas. Su manual para agentes describe la retirada de drogas de la calle como “la línea de actuación habitual”, pero añade que “puede haber casos en los que los objetivos de la investigación se alcancen mejor si no se procede de esa manera”.

Según agentes actuales y antiguos, la agencia lleva mucho tiempo recurriendo a las “entregas controladas”, en las que la vigilancia constante de las drogas —y, a menudo, su sustitución por narcóticos falsos— va seguida de una redada para recuperarlas.

En diversas entrevistas, varios agentes en activo y jubilados compararon la decisión de permitir que el fentanilo llegara a las calles con la infame “Operación Fast and Furious”, un escándalo de 2011 relacionado con el tráfico de armas en el que unos compradores ficticios introdujeron de contrabando unas 2,000 armas de asalto en México con la intención de rastrear el origen de las mismas hasta los líderes de los cárteles.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos fue objeto de duras críticas por parte de ambos partidos después de que dos de esas armas aparecieran en el lugar del tiroteo mortal de un agente de la Patrulla Fronteriza, y el Ministerio de Justicia prohibió expresamente a los agentes permitir el tráfico de armas de fuego.

Howell se sintió tan consternado por la incapacidad de su agencia para incautar fentanilo que empezó a señalar las muertes por sobredosis que podrían haber sido causadas precisamente por las pastillas que la DEA permitía que llegaran a manos de los traficantes. Uno de esos casos fue el de un niño de 15 meses que murió tras ingerir residuos de fentanilo quemado el año pasado en Española, una localidad de Nuevo México asolada por la pobreza extrema y la adicción.

Howell, que se incorporó a la DEA hace 19 años tras pasar una década en la Marina, presentó sus denuncias ante la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos. Esta agencia, encargada de proteger a los denunciantes, concluyó inicialmente que existía una “probabilidad sustancial de que se hubieran cometido irregularidades” y solicitó al Departamento de Justicia que investigara el caso.

A principios de 2024, Howell informó a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia de que agentes de la DEA habían detectado —aunque no incautado— dos envíos distintos de 150,000 y 50,000 pastillas de fentanilo.

La DEA y los fiscales federales, añadió, “se están poniendo en una situación delicada en la que no podrán demostrar que el fentanilo que podrían haber interceptado no provocó la muerte de ninguna persona”.

La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia concluyó en 2024 que la DEA y la fiscalía federal habían tomado decisiones razonables al decidir no incautar las drogas y que su inacción no suponía ningún “peligro específico para la salud pública”.

La Oficina del Asesor Especial, de la que los críticos afirman que rara vez cuestiona las conclusiones de los organismos, consideró razonable el informe del Ministerio de Justicia.

Howell, por su parte, pagó un alto precio tras dar un paso al frente. La DEA lo relegó a tareas administrativas durante más de un año y le rebajó las calificaciones en sus evaluaciones de rendimiento, según Howell y los registros de la DEA. Los registros internos también muestran que los fiscales le prohibieron testificar en un tribunal federal, alegando su “costumbre de negarse a hacer caso” a las advertencias de permitir que no se incautaran drogas durante investigaciones de larga duración.

Haciendo referencia a la propia campaña de la DEA “Una pastilla puede matar”, agentes en activo y retirados afirmaron que no podían entender la conclusión de la agencia de control de que esas tácticas no habían puesto en peligro a la población. Señalaron que la droga es tan peligrosa que debe manipularse en un laboratorio especializado.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.