Durante el fin de semana del Día del Trabajo, el gobierno del presidente Donald Trump intentó remover a niños guatemaltecos que habían llegado a Estados Unidos solos y estaban viviendo en refugios o con familias de acogida.

Activistas que representan a niños migrantes en los tribunales presentaron demandas en todo el país con la intención de impedir que el gobierno sacara a los niños, y el domingo una jueza federal intervino para ordenar que los menores permanezcan temporalmente en Estados Unidos, cuando menos.

El gobierno de Trump ha argumentado en tribunales y en redes sociales que está haciendo esto para reunir a los niños con sus familias en su país de origen a petición del gobierno guatemalteco, y culpó a los activistas y a la jueza por intervenir.

Los activistas que demandaron dijeron que los niños que representan han manifestado temor de regresar a casa, y que el gobierno, al operar en la oscuridad y eludir los tribunales de inmigración, no está apegándose a las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes.

Este es un vistazo a cómo están las cosas ahora:

Hay al menos tres casos jurídicos en curso en todo el país: Arizona, Washington, D.C. e Illinois. Representantes de niños migrantes no acompañados están tratando de impedir que el gobierno retire a niños guatemaltecos que no tienen órdenes finales de deportación del país. Esos niños están viviendo en una red de refugios o programas de acogida supervisados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En Illinois, abogados que representan a cuatro niños menores —de los que sólo se proporcionaron sus iniciales— dijeron que habían recibido aviso el 29 de agosto de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenía la intención de sacar a los niños de los refugios donde estaban bajo el cuidado del gobierno federal, en algún momento entre el 30 de agosto o el 1 de septiembre y retirarlos de Estados Unidos.

Una jueza impidió que sean sacados del país al menos hasta el miércoles por la tarde. Se programó una audiencia en el caso para ese día por la mañana.

En Arizona, el Florence Immigrant & Refugee Rights Project —que proporciona servicios jurídicos para niños migrantes no acompañados— presentó una demanda en nombre de 53 menores de Guatemala. Los niños tenían entre 3 y 17 años y vivían en refugios en las áreas de Phoenix y Tucson que cuidan a menores migrantes no acompañados. La jueza federal de distrito Rosemary Marquez bloqueó el domingo el intento del gobierno de Trump de retirar a esos niños, al menos por dos semanas. Dijo que algunos niños podrían haber estado en proceso de ser expulsados en ese momento, y ordenó al gobierno que los devolviera a Estados Unidos de inmediato.

En Washington, D.C., la jueza Sparkle L. Sooknanan ordenó una orden de restricción temporal de 14 días que le impide al gobierno expulsar a niños guatemaltecos que están bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y enviarlos de regreso a Guatemala.

En julio, el jefe del servicio de inmigración de Guatemala indicó que el gobierno estaba intentando repatriar a 341 menores no acompañados que se encontraban detenidos en instalaciones de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa el lunes, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo arrojó más luz sobre el tema.

Arévalo indicó que el ministro de relaciones exteriores del país y el embajador en Estados Unidos recorrieron instalaciones de detención para menores y adultos en el país norteamericano en marzo y regresaron “muy preocupados”, especialmente por los menores que iban a cumplir 18 años. El gobierno decidió que tenía que actuar en el mejor interés de los niños para evitar que fueran trasladados a centros de detención para adultos. Indicó que Guatemala le dijo a Washington que el gobierno estaba dispuesto a recibir a “todos los menores de edad no acompañados que quisieran retornar a Guatemala voluntariamente”.

Arévalo explicó que su gobierno comenzó a trabajar para identificar a los menores, sus familias y hacer arreglos para aquellos dispuestos a regresar, aquellos que querían aguardar en Estados Unidos a que su proceso jurídico se resuelva, y aquellos a quienes los jueces permitieron permanecer en ese país con un familiar.

Guatemala es capaz de recibir unos 150 menores por semana, explicó. “Depende de la capacidad que tenemos de identificar a los familiares para facilitar un retorno seguro”, agregó. El objetivo es que ninguno de los niños acabe dentro de una institución.

El presidente no respondió cuando se le preguntó si el número a enviarse el domingo sorprendió al gobierno de Guatemala, o si pensaba que el gobierno de Estados Unidos siguió el debido proceso antes de poner a los menores en aviones.

Indicó que su gobierno le ha dicho a Washington que, una vez que un juez decida que un niño guatemalteco no acompañado no puede permanecer en Estados Unidos, Guatemala los recibirá y los reintegrará a la sociedad.

“Hemos estado en coordinación con los Estados Unidos de América alrededor de esto, pero la decisión del envío, del número que van a enviar y el ritmo que van a enviar es una decisión que esta de parte del gobierno norteamericano”, manifestó Arévalo.

Una de las mayores preguntas pendientes es cuántos niños guatemaltecos serán enviados de regreso a Guatemala.

El jefe del servicio de inmigración de Guatemala puso el número en 341 en julio. Luego, el senador demócrata Ron Wyden de Oregon escribió el viernes una carta a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados diciendo que, según relatos de denunciantes, la oficina tenía la intención de retirar a casi 700 niños guatemaltecos.

En otro suceso el viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, dijo que el número exacto estaba variando, pero señaló que actualmente se hablaba de poco más de 600.

El gobierno estadounidense indicó en un reporte de situación presentado el domingo en el caso de Washington, D.C., que 76 niños habían estado en aviones para ir a Guatemala y que estaban siendo devueltos a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados después del fallo de la jueza.

Se creía que había dos aviones en Harlingen, Texas, y posiblemente otro en El Paso el domingo, indicó el National Immigration Law Center. Ese es el grupo activista que presentó una demanda el domingo en Washington, D.C., para detener las remociones.

Pero no está claro si había otros niños que habían sido retirados de refugios y se dirigían a los aviones antes de que la jueza emitiera la orden de restricción temporal.

Los niños migrantes que viajan solos generalmente son confiados al cuidado del gobierno de Estados Unidos, y hay varias protecciones jurídicas diseñadas para protegerlos una vez que están en el país y se abren paso por el sistema de inmigración.

La Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Tráfico de 2008 es una de las piezas clave de la ley diseñada para proteger a los niños migrantes no acompañados. Con algunas excepciones limitadas, en general requiere que los niños sean colocados en el “entorno menos restrictivo posible”, lo que usualmente significa que pueden ser entregados a un patrocinador —por ejemplo, un familiar en Estados Unidos— mientras sus procedimientos de inmigración se resuelven.

Los niños pueden solicitar un estatus de protección especial si no pueden regresar a su país de origen debido a abuso o negligencia, y también pueden solicitar asilo.

En documentos judiciales, activistas en pro de los niños guatemaltecos señalaron que sólo un juez de inmigración puede decidir si un menor no acompañado puede salir voluntariamente de Estados Unidos.