Las medidas temporales que permitieron a casi 12,000 afganos trabajar en Estados Unidos y estar protegidos contra la deportación expiraron el lunes como parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para que más personas sean elegibles para ser expulsadas del país.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en mayo que estaba poniendo fin al Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) para 11,700 personas de Afganistán en 60 días. Ese estatus les había permitido trabajar y significaba que el gobierno no podía deportarlos.

El número de afganos protegidos por el TPS es relativamente pequeño en comparación con el número total de afganos, unos 180,000, que han huido de Afganistán y han llegado a Estados Unidos desde que los talibanes retomaron el control del país en 2021. Tampoco está claro cuántos de esos 11,700 cubiertos por el TPS han solicitado o recibido otras formas de protección como el asilo que evitarían que fueran deportados después del lunes.

Pero la eliminación del estatus de protección para los afganos ha tocado la fibra sensible de muchos defensores y voluntarios debido a la sugerencia de que es seguro para los afganos, muchos de los cuales ayudaron a Estados Unidos durante su guerra de dos décadas allí, regresar a casa.

“Dado que muchos de los que pierden sus protecciones sirvieron junto con las fuerzas estadounidenses, deberíamos honrar ese servicio cumpliendo nuestra promesa de brindar seguridad y garantizar que tengan la oportunidad de prosperar aquí. Instamos al Congreso a proteger a los afganos brindándoles un estatus permanente, un compromiso que ya se ha demorado”, dijo Jennie Murray, presidenta y directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración, en un comunicado de prensa el lunes.

En el momento en que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puso fin al estatus de protección temporal para los afganos, el departamento escribió en la decisión que la situación en su país de origen estaba mejorando.

“La secretaria determinó que, en general, existen mejoras notables en la situación económica y de seguridad, de modo que exigir el regreso de los ciudadanos afganos a Afganistán no representa una amenaza para su seguridad personal debido a conflictos armados o condiciones extraordinarias y temporales”, según el anuncio de mayo.

El secretario de Seguridad Nacional puede otorgar el Estatus de Protección Temporal a personas de diversas nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos. No pueden ser deportados y pueden trabajar legalmente, pero no tienen un camino hacia la ciudadanía.

El estatus es inherentemente precario porque depende del secretario de Seguridad Nacional renovar las protecciones periódicamente, generalmente cada 18 meses. La primera administración de Donald Trump intentó eliminar muchos de estos estatus de protección temporal, pero fue frustrada en gran medida por los tribunales.

Esta vez, la administración de Donald Trump se ha movido aún más agresivamente para eliminar las protecciones, haciendo así que más personas sean elegibles para ser expulsadas del país. La administración ha presionado para eliminar el estatus de protección temporal de personas de siete países, siendo Venezuela y Haití la mayor parte de los cientos de miles de personas que pierden sus protecciones.

Los críticos dicen que las administraciones sucesivas esencialmente aprobaron estas renovaciones sin importarles, y las personas cubiertas por lo que se supone que es un estatus temporal terminan quedándose en Estados Unidos durante años.

CASA, un grupo de defensa de los inmigrantes sin fines de lucro, demandó a la administración por la revocación del TPS para los afganos, así como para las personas de Camerún; esos expiran el 4 de agosto. Un juez federal permitió el viernes pasado que la demanda siguiera adelante, pero no concedió la solicitud de CASA de mantener las protecciones vigentes mientras se desarrolla la demanda.