El Tribunal Supremo permitió el miércoles que la administración Trump destituyera a tres miembros demócratas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), quienes habían sido despedidos por el presidente Donald Trump y posteriormente reincorporados por un juez federal.

Los jueces actuaron en respuesta a una apelación de emergencia presentada por el Departamento de Justicia, que argumentó que la agencia está bajo el control de Trump y que el presidente tiene libertad para remover a los comisionados sin necesidad de causa.

Eso fue precisamente lo que hizo Trump en mayo, sin proporcionar ninguna razón para destituir a los tres comisionados demócratas del consejo de cinco miembros, a pesar de que una ley federal establece que los comisionados solo pueden ser removidos por “negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta”.

El Supremo emitió una explicación breve y sin firma, señalando que el caso es similar a decisiones anteriores en las que se permitió a Trump destituir a miembros de juntas de otras agencias independientes, a pesar de protecciones legales establecidas por el Congreso contra despidos arbitrarios.

Las tres juezas liberales —Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson— discreparon. “Mediante este tipo de acciones, esta Corte podría facilitar una transferencia permanente de autoridad, parte por parte, de un poder del Gobierno a otro”, escribió Kagan en su disenso.

La CPSC ayuda a proteger a los consumidores contra productos peligrosos mediante la emisión de retiros del mercado, demandas contra empresas infractoras y otras acciones. Los comisionados destituidos estaban cumpliendo mandatos de siete años tras ser nominados por el presidente Joe Biden.

El juez federal Matthew Maddox, en Baltimore, falló en junio que los despidos fueron ilegales. Maddox intentó distinguir el papel de la comisión del de otras agencias donde la Corte Suprema ha permitido despidos sin causa.

Un mes antes, la mayoría conservadora del alto tribunal se negó a reincorporar a miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y de la Junta de Protección del Sistema de Mérito, al considerar que la Constitución parece otorgar al presidente autoridad para destituir a miembros de juntas “sin causa”.

La administración ha sostenido que todas estas agencias están bajo el control de Trump como jefe del poder ejecutivo.

Maddox, nominado por Biden, señaló que puede ser difícil caracterizar las funciones de la comisión de seguridad de productos como exclusivamente ejecutivas.

La disputa sobre el poder presidencial para despedir podría llevar al Supremo a reconsiderar un fallo de hace 90 años conocido como Humphrey’s Executor. En ese caso de 1935, el tribunal determinó unánimemente que los presidentes no pueden destituir a miembros de juntas independientes sin causa justificada.

Esa decisión marcó el comienzo de una era de poderosas agencias federales independientes encargadas de regular las relaciones laborales, la discriminación en el empleo, las telecomunicaciones y mucho más. Pero desde entonces ha sido objeto de críticas por parte de teóricos legales conservadores, quienes argumentan que el Estado administrativo moderno contradice la Constitución, ya que esas agencias deberían responder directamente al presidente.

Kagan escribió que la Corte ya ha “prácticamente revocado Humphrey’s Executor”.

Otras destituciones están camino al Tribunal Supremo, incluido el caso de una comisionada de la Comisión Federal de Comercio, precisamente la agencia implicada en Humphrey’s Executor.

La semana pasada, un juez federal ordenó la reincorporación de Rebecca Slaughter como comisionada. Slaughter regresó a su cargo el viernes, pero el martes volvió a ser apartada luego de que un tribunal de apelaciones suspendiera temporalmente la orden judicial.

La CPSC fue creada en 1972. Sus cinco miembros deben mantener una división partidista, sin que más de tres pertenezcan al partido del presidente. Cumplen mandatos escalonados.

Esa estructura garantiza que cada presidente tenga “la oportunidad de influir, pero no de controlar” la comisión, escribieron los abogados de los comisionados destituidos en documentos judiciales. Argumentaron que los despidos recientes podrían poner en peligro la independencia de la comisión.