Washington - El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebrará el jueves una audiencia inédita para escuchar los argumentos a favor y en contra del intento de Donald Trump de salvarse del juicio del asalto al Capitolio alegando que tiene inmunidad penal por haber sido presidente del país.

La decisión que tome el alto tribunal no solo afectará al juicio penal pendiente en Washington, sino también al proceso que tiene Trump en Florida por haberse llevado documentos clasificados y al que tiene en Georgia por haber intentado revertir las elecciones en ese estado.

Marcará además el rumbo de la campaña electoral de las comicios del próximo 5 de noviembre, en la que el republicano se batirá de nuevo con el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

La cuestión que debe dirimir el Supremo es si un expresidente goza de inmunidad presidencial ante un procesamiento penal por actos oficiales llevados a cabo durante su mandato.

La defensa del republicano ha solicitado que se desestimen los cuatro cargos penales que pesan en Washington sobre el magnate neoyorquino por su presunto intento de revertir los resultados electorales de 2020 y haber instigado el asalto al Capitolio de 2021, alegando que tiene inmunidad por haber sido presidente.

Tanto la jueza del caso como una corte de apelaciones han desestimado la petición, de manera que Trump elevó el caso al Supremo, que en febrero admitió estudiarlo.

La máxima autoridad judicial del país nunca se ha pronunciado sobre una cuestión así dado que jamás se había imputado penalmente a un expresidente.

La jurisprudencia en Estados Unidos establece que los presidentes en funciones no pueden ser procesados penalmente para no vulnerar la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial.

Los abogados de Trump defienden que cuando son exmandatarios también deben gozar de esa inmunidad porque, de lo contrario, los presidentes no serían independientes en su toma de decisiones por miedo a ser juzgados al dejar el cargo.

Jack Smith, el fiscal que lleva la acusación, sostiene que nadie está por encima de la ley y que el solo hecho de que ningún otro expresidente en la historia haya sido imputado antes demuestra que la conducta de Trump no tiene precedentes.

En sendos escritos enviados al Supremo, la defensa y la fiscalía invocan la figura del expresidente Richard Nixon (1969-1974), quien fue demandado por un empleado de la Fuerza Aérea que fue despedido de forma improcedente por el mandatario.

Sobre ese caso, el Supremo falló en 1982, cuando Nixon ya no estaba en la Casa Blanca, que los expresidentes no pueden ser procesados por la vía civil por acciones que llevaron a cabo mientras estaban en el cargo.

Trump alega que si los exmandatarios son inmunes ante los procesos civiles también deben serlo ante los penales porque estos suponen una intrusión mucho mayor a la independencia de los presidentes.

Pero Smith sostiene que el indulto que Nixon recibió por parte de su sucesor, Gerald Ford, ante cualquier posible imputación por el escándalo del Watergate, que había propiciado su dimisión en 1974, demuestra que los expresidentes sí pueden ser procesados.

El Tribunal Supremo suele emitir sus fallos en junio, antes del receso de verano, pero la fiscalía está presionando para que tome una decisión rápida y puedan reiniciarse los preparativos del juicio del asalto al Capitolio, que debía haber arrancado el pasado 4 de marzo.

La estrategia de Trump, en cambio, pasa por dilatar todos los procesos judiciales hasta después de las elecciones de noviembre, dado que si regresa a la Casa Blanca podría ordenar al Departamento de Justicia dar carpetazo a los cargos federales en su contra.

El solo hecho de que el alto tribunal, con tres de sus nueve jueces nombrados por el propio Trump, admitiera a estudio el caso de la inmunidad ya supuso una victoria para el republicano porque retrasó el calendario judicial.