Washington— El Tribunal Supremo de Estados Unidos se reunió en privado el viernes con un tema clave en su agenda: la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento que declara que los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos ilegal o temporalmente no son ciudadanos estadounidenses.

Los jueces podrían anunciar incluso el lunes si escucharán la apelación de Trump sobre los fallos de tribunales inferiores que han anulado uniformemente las restricciones a la ciudadanía. Estas no han entrado en vigor en ninguna parte de Estados Unidos.

Si la corte interviene ahora, el caso se argumentaría a principios del próximo año, y un fallo definitivo podría esperarse para mediados de año.

La orden sobre la ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, es parte de la amplia batida de su gobierno contra la inmigración. Otras acciones incluyen una mayor aplicación de la ley de inmigración en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.

El gobierno estadounidense enfrenta múltiples impugnaciones judiciales, y el Tribunal Supremo ha enviado señales mixtas en anteriores órdenes de emergencia que ha emitido. Los jueces detuvieron en la práctica el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin audiencias judiciales, mientras que permitieron la reanudación de operaciones masivas de inmigración en el área metropolitana de Los Ángeles después de que un tribunal inferior bloqueó la práctica de detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

Los jueces también están considerando la apelación de emergencia del gobierno federal para que se le permita desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Chicago para tareas de inmigración. Un tribunal inferior ha impedido el despliegue indefinidamente.

La ciudadanía por nacimiento es la primera política de Trump relacionada con la inmigración que llega al máximo tribunal para un fallo final. La orden de Trump alteraría más de 125 años de entendimiento de que la Décimocuarta Enmienda de la Constitución confiere ciudadanía a todos los nacidos en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y aquellos nacidos de una fuerza ocupante extranjera.

En una serie de decisiones, los tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por inconstitucional, o por ser presumiblemente inconstitucional, incluso después de un fallo de la Corte Suprema de finales de junio que limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional por parte de los jueces.

Aunque la Corte Suprema limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional, no descartó otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y aquellas presentadas por estados. Los jueces no decidieron en ese momento si la orden subyacente de ciudadanía era constitucional.

Pero todos los tribunales inferiores que han examinado el tema han concluido que la orden de Trump viola o probablemente viola la 14ta Enmienda, que fue diseñada para garantizar que las personas de raza negra, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran ciudadanía estadounidense.

La administración está apelando dos casos.

El Tribunal de Apelaciones federal para el Noveno Circuito en San Francisco falló en julio que un grupo de estados que entablaron una demanda por la orden de Trump necesitaban una medida cautelar a nivel nacional para prevenir los problemas que causaría la ciudadanía por nacimiento al estar en efecto en algunos estados y no en otros.

También en julio, un juez federal en Nueva Hampshire bloqueó la orden de Trump sobre ciudadanía en una demanda colectiva que incluye a todos los niños que se verían afectados.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), liderando el equipo legal en el caso de Nueva Hampshire, instó a corte a rechazar la apelación porque los “argumentos de la administración son muy endebles”, dijo el abogado de la ACLU Cody Wofsy. “Pero si la corte decide escuchar el caso, estamos más que listos para enfrentarnos a Trump y ganar”.

La ciudadanía por nacimiento confiere automáticamente la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país ilegalmente, bajo reglas de larga data. El derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la primera oración de la 14ta Enmienda.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía estadounidense.

“Las decisiones de los tribunales inferiores invalidaron una política de suma importancia para el presidente y su administración de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”, escribió el procurador general D. John Sauer al instar a la revisión de la corte suprema. “Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen requisitos”.