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Tribunal Supremo escuchará apelación de empresa de prisiones que presuntamente obligaba a trabajar a inmigrantes por $1 al día

La compañía alega que representa al gobierno y que son inmunes a esas demandas

2 de junio de 2025 - 7:51 PM

Se han presentado demandas similares en nombre de inmigrantes detenidos en otros lugares, incluido un caso en el estado de Washington donde se ordenó a la compañía pagar más de $23 millones. (Seth Wenig)

El Tribunal Supremo acordó el lunes escuchar una apelación de una empresa de prisiones privadas que enfrenta una demanda que alega que los inmigrantes detenidos fueron obligados a trabajar y se les pagó $1 al día en Colorado.

El Grupo GEO apeló ante el alto tribunal después de que un juez se negara a desestimar la demanda de 2014, diciendo que los detenidos tenían que realizar tanto trabajos de limpieza no remunerados como otros trabajos por poca paga para complementar comidas escasas.

La compañía dice que las demandas son realmente una forma encubierta de rechazar la política federal de inmigración, y sus tasas de pago están en línea con las regulaciones de Inmigración y Control de Aduanas.

Dicen que los migrantes no pueden demandar porque está operando la instalación de Aurora, Colorado, en nombre del gobierno, que es inmune a tales demandas.

Los abogados de los migrantes dicen que la demanda es solo sobre personas a las que se les paga ‘casi nada’ por su trabajo, y el contrato no requería que pagaran tan poco.

Un juez de un tribunal inferior permitió que la demanda siguiera adelante y el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos dictaminó que no podía revisar la reclamación de inmunidad antes del juicio. El Grupo GEO argumentó ante el Tribunal Supremo que los contratistas gubernamentales deberían poder argumentar ese tema en apelación rápidamente.

El Grupo GEO, con sede en Florida, es uno de los principales proveedores privados de detención en el país, con la gestión o propiedad de aproximadamente 77,000 camas en 98 instalaciones. Sus contratos incluyen un nuevo centro federal de detención de inmigrantes donde el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado en una protesta en mayo.

Se han presentado demandas similares en nombre de inmigrantes detenidos en otros lugares, incluido un caso en el estado de Washington donde se ordenó a la compañía pagar más de $23 millones.

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