Washington— El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió el viernes dos victorias a la administración de Donald Trump en casos relacionados con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), incluyendo el acceso a los sistemas del Seguro Social que contienen datos personales de millones de estadounidenses.

Los magistrados también frenaron por separado las órdenes que buscaban la transparencia en DOGE, el equipo que una vez dirigió el multimillonario Elon Musk.

La mayoría conservadora del tribunal se puso del lado de la administración de Donald Trump en las primeras apelaciones ante el Tribunal Supremo relacionadas con DOGE. Los tres magistrados liberales discreparon en ambos casos.

Las victorias de DOGE se producen en medio de una ruptura desordenada que comenzó poco después de la salida de Musk de la Casa Blanca y que ha incluido amenazas de recortar contratos gubernamentales y un llamamiento a la destitución del presidente.

En un caso, el Tribunal Superior detuvo una orden de un juez de Maryland que restringía el acceso del equipo a la Administración de la Seguridad Social en virtud de las leyes federales de privacidad.

‘Concluimos que, en las circunstancias actuales, la SSA puede proceder a conceder a los miembros del equipo SSA DOGE acceso a los registros de la agencia en cuestión para que dichos miembros puedan realizar su trabajo’, dijo el tribunal en una orden no firmada.

La agencia posee datos sensibles de casi todos los habitantes del país, incluyendo expedientes escolares, detalles salariales e información médica.

La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que la acción del tribunal crea “graves riesgos de privacidad” para millones de estadounidenses al dar “acceso ilimitado a los datos a DOGE sin importar nada, a pesar de su falta de necesidad o interés en cumplir con las salvaguardias de privacidad existentes, y todo antes de que sepamos con seguridad si la ley federal tolera tal acceso”. La jueza Sonia Sotomayor se unió a la opinión de Jackson y la jueza Elena Kagan dijo que también habría fallado en contra de la administración.

La administración de Trump dice que DOGE necesita acceso para llevar a cabo su misión de atacar el despilfarro y el fraude en el gobierno federal. Musk se había centrado en el Seguro Social como un supuesto foco de fraude. El multimillonario empresario, que se ha retirado de su trabajo con DOGE, lo ha descrito como un “esquema Ponzi” e insistió en que la reducción del despilfarro en el programa es una forma importante de recortar el gasto público.

La jueza de distrito de Estados Unidos Ellen Hollander, de Maryland, dictaminó que los esfuerzos de DOGE en la Seguridad Social equivalían a una “expedición de pesca” basada en “poco más que sospechas” de fraude, y permitir el acceso sin restricciones pone en riesgo la información privada de los estadounidenses.

Su fallo sí permitía el acceso a datos anónimos para los empleados que se hayan sometido a formación y a comprobaciones de antecedentes, o un acceso más amplio para aquellos que hayan detallado una necesidad específica.

La administración de Trump ha dicho que DOGE no puede trabajar eficazmente con esas restricciones.

El procurador general John Sauer también argumentó que el fallo es un ejemplo de jueces federales que se extralimitan en su autoridad e intentan microgestionar las agencias del poder ejecutivo.

Los demandantes dicen que es una orden estrecha que se necesita urgentemente para proteger la información personal.

Un tribunal de apelaciones se negó previamente a levantar inmediatamente el bloqueo al acceso de DOGE, aunque se dividió según líneas ideológicas. Los jueces conservadores en la minoría dijeron que no hay evidencia de que el equipo haya hecho ninguna ‘investigación dirigida’ o expuesto información personal.

La demanda fue presentada originalmente por un grupo de sindicatos y jubilados representados por el grupo Democracy Forward. Es una de las más de dos docenas de demandas presentadas sobre el trabajo de DOGE, que ha incluido profundos recortes en las agencias federales y despidos a gran escala.

El sistema judicial de la nación ha sido la zona cero para el rechazo a la agenda conservadora radical del presidente Trump, con cerca de 200 demandas presentadas que impugnan las políticas sobre todo, desde la inmigración a la educación, hasta los despidos masivos de trabajadores federales.

En el otro caso, los magistrados ampliaron una pausa en las órdenes que requerirían a DOGE revelar públicamente información sobre sus operaciones, como parte de una demanda presentada por un grupo de vigilancia gubernamental.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington argumenta que DOGE, que ha sido fundamental para el impulso del presidente Trump para rehacer el gobierno, es una agencia federal y debe estar sujeta a la Ley de Libertad de Información.

Pero la administración del presidente republicano dice que DOGE es sólo un órgano asesor presidencial destinado a erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno federal, lo que lo eximiría de las solicitudes de documentos en virtud de la FOIA.

Los magistrados no decidieron esa cuestión el viernes, pero la mayoría conservadora sostuvo que el juez de distrito de Estados Unidos Christopher Cooper falló de forma demasiado amplia al ordenar que se entregaran documentos a CREW.