Al principio, la Universidad de Clemson defendió la libertad de expresión. Condenó los comentarios de los empleados que restaban importancia a la muerte de Charlie Kirk en redes sociales, pero la universidad afirmó su compromiso con la protección de la Constitución. Tres días después, bajo la presión de los conservadores en el Capitolio estatal, despidió a uno de sus empleados.

A medida que la indignación crecía y la Casa Blanca se interesaba, despidió a dos más. Los rápidos acontecimientos en la universidad pública de Carolina del Sur reflejan la intensa presión sobre los líderes universitarios de todo el país para que vigilen los comentarios insensibles sobre el asesinato del activista conservador, lo que les deja con opciones difíciles.

Las universidades pueden desafiar la reacción republicana y defender el derecho de expresión de sus empleados, arriesgándose a recibir la misma atención federal que ha provocado miles de millones de dólares en recortes en Harvard y otras universidades; o pueden ceder a la presión y arriesgarse a lo que algunos académicos consideran una erosión histórica del derecho de expresión en el campus.

Una campaña de la derecha para castigar a quienes menosprecian a Kirk ha trascendido a diversos sectores, con algunos conservadores pidiendo el despido de empleados del sector privado, periodistas y otras personas a quienes consideran promotoras de la violencia. Pero hay mucho en juego para las universidades, que ya están bajo un intenso escrutinio por parte de una administración que ha buscado remodelar los campus que describe como “conscientes” e invadidos por el pensamiento izquierdista.

La Casa Blanca coordinó una llamada con agencias federales el lunes para discutir opciones de financiamiento en Clemson y otras universidades, según una persona con conocimiento de la llamada que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la reunión privada. La Casa Blanca no proporcionó detalles.

El creciente interés del gobierno federal por dictar qué se puede y qué no se puede decir en los campus —desde protestas por la guerra entre Israel y Hamas hasta comentarios sobre la muerte de Kirk— viola la Primera Enmienda, afirmó Lara Schwartz, académica de la American University en derecho constitucional y libertad de expresión en el campus. Por desagradables que sean, añadió, muchos comentarios que provocan indignación están claramente protegidos por la libertad de expresión.

“Esto podría indicar el fin de la libertad de expresión en Estados Unidos”, declaró Schwartz. “La gente debería interpretar esto no como una pequeña batalla en las redes sociales, sino como una crisis constitucional en toda regla”.

Durante el fin de semana, Clemson se convirtió en el epicentro de una batalla entre quienes veneraban y quienes denigraban a Kirk. Republicanos de todos los niveles se apresuraron a apoyar a un club republicano del campus que compartió publicaciones en redes sociales de empleados del campus burlándose de la muerte de Kirk. Legisladores estatales se presentaron en el campus con carteles exigiendo el despido de los empleados.

Una captura de pantalla circulada por republicanos universitarios mostró que un profesor de tecnología de audio republicó un mensaje en X el día del asesinato que decía: “Según Kirk, la empatía es un término inventado de la nueva era, así que sigan bromeando. Es lo que él hubiera querido”.

En el Congreso, los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes respondieron a la declaración de Clemson en defensa de la libertad de expresión con una publicación de dos palabras en redes sociales: “Desfinanciar a Clemson”. Los legisladores estatales amenazaron con recortar la financiación, incluyendo uno cuya publicación fue difundida por el presidente Donald Trump.

La representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, candidata a gobernadora, envió una carta al Departamento de Educación el lunes instándolo a retirar todos los fondos federales a las escuelas y universidades que no despidan con prontitud a los empleados “que celebren o justifiquen la violencia política”.

Antes de una reunión de emergencia de la junta directiva de Clemson el lunes, el fiscal general republicano del estado envió una carta asegurando a los líderes que los despidos estarían permitidos por la ley estatal. Alan Wilson afirmó que los empleados despedidos pueden impugnar los despidos en causas civiles, pero que Clemson y otras universidades no serían procesadas bajo una ley estatal que prohíbe los despidos basados en opiniones políticas.

“El temor a un proceso penal no debería disuadir al presidente de una universidad estatal, como Clemson, de tomar las medidas correctivas adecuadas contra los empleados de la universidad por comentarios tan viles e incendiarios en una plataforma pública”, escribió Wilson.

Un empleado fue despedido antes de la reunión, y Clemson anunció el martes el despido de otros dos, ambos profesores.

Los conservadores que piden los despidos han afirmado que glorificar y celebrar la violencia también la incita, lo que constituye una expresión no protegida por la Constitución. La fiscal general, Pam Bondi, prometió perseguir a quienes expresan amenazas de violencia tras el asesinato de Kirk.

“Durante demasiado tiempo, hemos visto a la izquierda radical normalizar las amenazas, incitar a asesinatos y aplaudir la violencia política”, declaró. “Esa era ha terminado”.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, instó el miércoles a las escuelas y universidades a tomar medidas enérgicas contra cualquiera que celebre el asesinato. En una declaración en video, afirmó que tales comentarios son producto de universidades que fomentan “ideologías divisivas”.

“Felicito a las instituciones y líderes que han actuado con rapidez para condenar y exigir responsabilidades a quienes han cruzado esta línea ética”, declaró.

Varias universidades han despedido o suspendido a empleados por comentarios sobre Kirk, entre ellas la Universidad de Miami, la Universidad de Tennessee, la Universidad de Auburn y la Universidad de California en Los Ángeles. Otros han advertido que están investigando publicaciones en redes sociales. La Junta de Regentes de Iowa, por ejemplo, autorizó a las universidades públicas del estado a tomar medidas inmediatas, incluyendo el despido. La presidenta Sherry Bates declaró que las publicaciones de la semana pasada fueron “ofensivas, inapropiadas y, sobre todo, inaceptables”.

“Esperamos más de quienes trabajan en nuestras instituciones”, afirmó.

Algunos líderes universitarios han buscado un equilibrio, condenando los comentarios insensibles y comprometiéndose a respetar los principios de la Primera Enmienda. En Georgia, el presidente de la Universidad Estatal de Columbus, Stuart Rayfield, afirmó que la publicación de un profesor que recibió atención en línea era lamentable, pero que el profesorado y el alumnado “tienen derecho a sus propias opiniones bajo la Primera Enmienda”.

El miércoles, los líderes de la Universidad de Missouri afirmaron que respetan el derecho de los empleados a expresarse como ciudadanos, pero animaron al personal a “usar esas libertades de forma responsable, especialmente al interactuar en redes sociales”.