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Washington - Un juez federal dictaminó el lunes que el gobierno de Trump debe dar el debido proceso legal a los migrantes venezolanos trasladados en avión a una notoria prisión en El Salvador, ya sea proporcionándoles audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos.
El juez de distrito estadounidense James Boasberg ordenó al gobierno que presentara un plan en el plazo de dos semanas para los hombres, que desde entonces han sido devueltos a Venezuela en un canje de prisioneros.
“Los demandantes no deberían haber sido destituidos de la forma en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su destitución, en clara contravención de sus derechos al debido proceso”, escribió Boasberg.
Es el último acontecimiento en un caso que ha sido un punto de inflamación legal en la amplia represión de la inmigración por parte de la administración. Comenzó en marzo, después de que Trump invocara una ley de guerra del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de bandas a una megaprisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.
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Dos aviones cargados de hombres fueron trasladados a la prisión, a pesar de la orden verbal de Boasberg de que el avión diera la vuelta. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque la dramática batalla entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido suspendida por un tribunal de apelación.
La administración ha negado haber incumplido su orden. La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la decisión del lunes.
Más de 200 migrantes fueron devueltos a Venezuela en un canje de prisioneros con Estados Unidos en julio.
El fallo de Boasberg, que fue nombrado juez federal por el presidente demócrata Barack Obama, les abre una vía para impugnar la acusación de que son miembros de la banda Tren de Aragua y están sujetos a expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
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