Inconformes con la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los ocho alcaldes que quedaron fuera del llamado “rescate financiero” para los municipios en aprietos pedirán al ente –mediante carta– que reconsidere y les asigne partidas de los $10 millones que optó por no distribuir.

“Tanto Añasco como los demás municipios están en proceso de hacer la carta. Ya yo tengo la carta indicándole a la Junta que todos los municipios de Puerto Rico tenemos problemas a la hora de poder costear, sufragar o poder suplir los servicios esenciales. Aun así, por lo menos Añasco, estos dos años pasados, nunca ha recibido ningún tipo de fondo”, dijo el alcalde Kabir Solares García.

Rechazó, de paso, que los ayuntamientos excluidos no pudieron justificar sus carencias o necesidades ante el gobierno central y la JSF.

En mayo, la gobernadora Jenniffer González anunció que había identificado $35 millones –de sobrantes– que serían distribuidos entre municipios en necesidad, y le correspondía a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) fijar los criterios a base de unas radiografías que los alcaldes entregarían.

Tras ese examen, la OGP determinó que los $35 millones serían distribuidos entre 45 pueblos, y sometió la información a la JSF. Tan reciente como el 30 de junio, el ente –a cargo de las finanzas públicas– notificó a la OGP que asignaría $25 millones, para 37 municipios.

De esta forma, ocho pueblos quedaron fuera del “rescate financiero”: Añasco, Barceloneta, Canóvanas, Cidra, Las Piedras, Río Grande, Santa Isabel y Trujillo Alto.

“Estamos esperando que ellos (JSF) reconsideren. Que ellos tomen en cuenta la petición”, dijo Solares García, del Partido Nuevo Progresista (PNP), al explicar que necesita el dinero para pagar el recogido de basura y escombros, reciclaje y la nómina de la Policía Municipal.

Por su parte, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, del Partido Popular Democrático (PPD), indicó que realiza una evaluación para reclamarle a la JSF el dinero denegado.

“Hay muchos gastos operacionales que hemos adquirido los municipios que le competen al gobierno central, y hay muchos que resultamos afectados por la eliminación del Fondo de Equiparación y demás recortes que hemos sufrido desde hace mucho tiempo”, puntualizó Soler.

El Fondo de Equiparación comenzó a desaparecer paulatinamente desde 2017, cuando el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, presentó un plan fiscal que incluía su eliminación y fue avalado por la JSF. El fondo culminó en junio de 2024, y llegó a tener más de $350 millones. Se nutría de una partida a base de una fórmula del Departamento de Hacienda y otra directamente de la Lotería de Puerto Rico. Esta última –ascendente a $60 millones– es lo único que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales sigue recibiendo para distribuirle a los municipios, además de las llamadas remesas.

Ahora, existe el Fondo de Servicios Esenciales Municipales, con $30 millones, ideado por la pasada administración de Pedro Pierluisi con la bendición de la JSF. También, se idearon otras partidas para el pago de amas de llaves, paramédicos y recogido de basura.

Aun así, los alcaldes –del PNP y PPD– aseguran que algunos servicios esenciales se quedan descubiertos, particularmente en pueblos con menores recursos económicos.

A base del listado provisto por la OGP, la mayor cantidad que los ayuntamientos seleccionados recibirán es de $924,257.83 y la menor, de $194,580.59.

Añasco y Barceloneta habrían recibido $778,322.38, cada uno. A Canóvanas, le hubieran tocado $875,612.68; a Cidra, $243,225.74; y a Las Piedras, Río Grande y Trujillo Alto, $924,257.83. Santa Isabel habría recibido $875,612.68, según la distribución de la OGP.

En declaraciones escritas, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, del PNP, dijo sentirse “indignada” con la determinación de la JSF.

“Esta decisión no solo es injusta, también representa una amenaza directa a servicios esenciales que ofrecemos diariamente a nuestra gente, especialmente a los sectores más vulnerables. No se puede tomar a la ligera lo que para muchos significa su única línea de apoyo en atención médica en comunidades y hogares con personas encamadas, y educación cultural como la que ofrecemos en la Escuela de Bellas Artes y en nuestros programas deportivos”, afirmó Soto.

La gobernadora ha anticipado que “peleará” por los restantes $10 millones del “rescate financiero”, del que aún no se desembolsa un solo centavo, pese a que se anunció como una ayuda para este año fiscal, que finaliza el 30 de junio.

Además del “rescate financiero”, los alcaldes afectados por las lluvias de abril –que suman 28– todavía aguardan por ayuda del gobierno central. El martes, el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, y el secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, confirmaron que no habrá fondos federales para atender este asunto y que intentan identificar partidas estatales.